Por: Redacción El Censal |Xalapa, Veracruz| 16 de julio de 2026
Veracruz se convirtió en una de las entidades que armoniza su legislación con la reforma federal para prohibir los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual, la Identidad o la Expresión de Género (ECOSIG), conocidos comúnmente como “terapias de conversión”. Con la aprobación de las modificaciones legales por parte del Congreso del Estado, estas prácticas quedan prohibidas en territorio veracruzano y podrán ser sancionadas con penas de hasta seis años de prisión, además de multas y otras sanciones cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o adultas mayores.
La reforma aprobada por el Congreso local tiene como objetivo garantizar el derecho de las personas a vivir libres de discriminación y violencia derivadas de su orientación sexual, identidad o expresión de género. De acuerdo con la legislación, se sancionará a quienes impartan, financien, obliguen o promuevan tratamientos, prácticas, servicios o procedimientos destinados a modificar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona. La armonización responde a la reforma federal publicada en 2024, mediante la cual México incorporó estas conductas al Código Penal Federal.
Diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), han señalado que las llamadas terapias de conversión carecen de sustento científico y pueden provocar daños psicológicos, emocionales e incluso físicos en quienes son sometidos a ellas. Estas instituciones sostienen que la orientación sexual y la identidad de género no constituyen enfermedades ni condiciones que requieran tratamiento.
La reforma estatal también fortalece el marco jurídico de Veracruz en materia de derechos humanos y no discriminación. Especialistas en derecho constitucional explican que la armonización permite dar certeza jurídica a las autoridades encargadas de investigar y sancionar estas conductas, además de homologar la legislación local con el marco federal vigente. Con ello, Veracruz se suma a la tendencia nacional de actualizar los códigos penales para proteger a las personas frente a prácticas consideradas lesivas para la dignidad humana.
Desde una perspectiva institucional, la actualización legal también representa un paso para fortalecer la seguridad jurídica y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos. La existencia de un marco normativo claro facilita la actuación de las autoridades de procuración de justicia, reduce vacíos legales y brinda mayor protección a quienes denuncien este tipo de prácticas.
La reforma contempla agravantes cuando exista una relación de autoridad, subordinación, confianza o dependencia entre quien realiza estas prácticas y la víctima, como ocurre en ámbitos familiares, educativos, religiosos o de atención médica. Asimismo, cuando el responsable sea un servidor público o un profesional de la salud, además de las sanciones penales podrán imponerse medidas de destitución e inhabilitación conforme a la legislación aplicable.
Con esta modificación, Veracruz actualiza su legislación para alinearse con el marco federal y con los criterios establecidos por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La prohibición de las terapias de conversión busca reforzar la protección de la integridad física y emocional de las personas, al tiempo que consolida un marco jurídico orientado a prevenir actos de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.