Román Humberto González Cajero
Cuando las desapariciones dejan de ser cifras y se convierten en una crisis de legitimidad
Durante décadas, los derechos humanos se han encargado de velar por el bienestar social, no solo del presente, sino también del futuro, para así garantizar un mundo más armonioso. Porque cada Estado debe garantizar, respetar y hacer efectivos los derechos humanos de sus habitantes.
Cuando esto no ocurre, una vez, y luego otra, y otra más, lo único que se genera es la intervención de los organismos internacionales encargados de hacer valer dichos derechos, incluso frente a los propios gobernantes de esos territorios.
Hoy, México comienza a hacerse cargo de sus sombras, de aquello que parecía olvidado o, por lo menos, sepultado por las mismas instituciones que deberían garantizarnos seguridad. El Estado está comenzando a pagar la mala gestión, la falta de capacidad y el compromiso que todo gobierno debería tener con su pueblo.
Porque si bien los organismos internacionales nacieron como una figura de supervisión sobre los Estados parte, su intervención debería ser excepcional, no consecuencia de la omisión constante del propio gobierno, como ocurre en nuestro país.
Cuando las personas buscadoras se levantan y la autoridad inmediata no les escucha, hay una instancia que toma nota y actúa. Hoy lo estamos viendo.
Parece que al Estado mexicano tienen que señalarle sus errores, cuestionarle sus decisiones después de años repitiendo los mismos tropiezos. Y, aun así, es una realidad que muchas veces no hay respuesta, y en muchos casos, lamentablemente, nunca la habrá.
Pero también podría responder el Estado de otra forma: protegiendo, implementando y fortaleciendo la seguridad de sus ciudadanos. Apoyando y respaldando a las personas buscadoras, en lugar de ignorarlas hasta creer que el problema puede ser olvidado.
Una desaparición no se olvida. Deja un vacío que nunca se llena. Deja a miles de personas en México con la misma angustia todos los días: ¿Dónde estará mi familiar? ¿Seguirá con vida? ¿Habrá sido tratado con dignidad?
Son algunas de las preguntas más crueles y dolorosas que estas personas se hacen. Porque cada vez que vemos un cartel de alguien desaparecido, no solo se desconoce el paradero de un ser humano: se pierde la tranquilidad.
La reciente tensión entre el Estado mexicano y organismos internacionales —particularmente a partir de los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU— no es solo un desacuerdo diplomático. Es algo más profundo.
Las desapariciones en México se han vuelto, con el paso de los años, un fenómeno constante. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México supera ya las 100 mil personas desaparecidas. Una cifra que, más allá de su magnitud, revela algo aún más preocupante: la incapacidad institucional para contener y resolver el fenómeno.
Como ha señalado el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU:
“La desaparición forzada constituye una violación múltiple y continua de derechos humanos que persiste mientras no se esclarezca la suerte o el paradero de la persona.”
Bajo este panorama, los organismos internacionales han implementado mecanismos de supervisión, señalando que las desapariciones no son solo eventos aislados, sino que, en algunas regiones, presentan patrones que permiten entenderlas como fenómenos sistemáticos.
Pero el conflicto no termina cuando se señala, sino cuando se resuelve.
México ha suscrito tratados que lo obligan a garantizar los derechos humanos y a someterse a mecanismos de supervisión internacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo 1, que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en ella.
Cuando estos mecanismos son desacreditados, y no existe un verdadero control de convencionalidad por parte de las autoridades para asegurar que los actos internos se ajusten a la Convención, la discusión deja de ser política y se vuelve jurídica.
Como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“Los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.”
Este escenario abre un panorama inquietante, lleno de preguntas sin resolver. Porque esto dejó de ser solo un problema atribuido al Estado mexicano; también alcanza a aquellas instituciones nacionales cuya función es proteger, supervisar y garantizar los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha respaldado la postura estatal, ratificando datos e informes, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones civiles.
¿Qué certeza jurídica puede ofrecer una institución que deja de cumplir su función como contrapeso?
Porque un derecho sin contrapesos se convierte en una narrativa dictada por quienes utilizan la ley en su beneficio.
Como advertía Luigi Ferrajoli:
“Los derechos fundamentales existen precisamente para limitar el poder, no para legitimarlo.”
El riesgo silencioso
Los mayores riesgos para un país no son inmediatos, son progresivos.
¿Qué mensaje se envía cuando un Estado no es capaz de encontrar a sus ciudadanos?, ¿cuándo una persona puede desaparecer sin dejar rastro y sin respuesta?
En México, ya no es solo la violencia la que acaba con la vida de las personas; es la desaparición forzada, no solo como síntoma, sino como fenómeno capaz de borrar a miles de ciudadanos sin consecuencias reales.
Esto impacta directamente en el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Porque un país que no garantiza respuestas eficaces ante eventos de esta magnitud es un país que, inevitablemente, enfrentará un declive.
En México, más del 90% de los delitos permanecen impunes, de acuerdo con mediciones sobre procuración de justicia. En ese contexto, la percepción de que el Estado no reconoce plenamente la magnitud del problema profundiza la ruptura entre instituciones y sociedad.
Porque sí, México comienza a parecer un país donde la violencia deja de ser problema y se percibe, peligrosamente, como una constante. Y eso es lo más grave: cuando el Estado parece reaccionar más ante la presión que ante la obligación de proteger a sus ciudadanos.
Esta no es una problemática más. Es una pausa abrupta en la vida de miles de familias, amigos y seres queridos.
Porque detrás de cada rostro no hay solo una persona con sueños, aspiraciones e ideas. Hay una historia familiar, un proceso de vida, metas que no podrán cumplirse. Reducir el problema a cifras o informes sería un error.
Pero ignorarlas es aún más grave. La discusión no debería centrarse en si el informe es correcto o no, o si los datos son exactos. La verdadera pregunta es otra: ¿Qué pasó con todas esas personas? ¿Dónde están? ¿Y qué será de sus familias que siguen esperando una respuesta?
Porque lo que hay en esos informes no son números. Son vidas.
Personas que, como nosotros, tenían planes, metas y alguien esperándolos. Hoy, México no carece de leyes, ni de organismos, ni de recursos. Lo que enfrenta es algo más grave: una crisis de legitimidad.
Y ese es uno de los síntomas más peligrosos para un Estado. Porque no solo pone en duda un informe, sino la credibilidad de sus instituciones, de sus datos y de sus gobiernos. Porque lo que hoy comienza a señalarse no es nuevo. Es aquello que durante años quedó inconcluso. Y que, inevitablemente, seguirá persiguiendo al Estado como una sombra.