Román Humberto González Cajero
La peligrosa frontera entre informar y definir la verdad
Siglos de existencia, años de historia de la humanidad. Antes, el poder buscó controlar cuerpos, la integridad personal de los seres humanos contra su voluntad. Hoy, el sometimiento dejó de ser físico y pasó a ser algo incluso imperceptible para muchos: la percepción.
Las fronteras de la dominación contemporánea ya no son visibles. Las figuras del poder pasan y, con ellas, la humanidad ha experimentado censura, persecución y prohibiciones. La gente sabía quién mandaba, quién callaba, quién era suprimido y quién abusaba del pueblo.
Con la tecnología, es evidente que el desarrollo humano ha evolucionado de manera extraordinaria. Sin embargo, también han surgido nuevas brechas frente a las cuales los derechos humanos se encuentran cara a cara con formas inéditas de vulneración, alteraciones que aún no están plenamente tipificadas ni mucho menos divulgadas, no solo entre los juristas del mundo, sino también entre las personas ajenas al estudio jurídico. Porque conocer los derechos no debería ser cosa de unos cuantos; sí, en cambio, es cuestión de saber divulgarlos.
Por ello, resulta imposible ignorar una pregunta que comienza a aparecer en distintos países y que recientemente ha adquirido relevancia en México: ¿qué ocurre cuando el propio Estado decide intervenir activamente para determinar qué información es verdadera y cuál no?
A primera vista, cualquier titular se vuelve viral, una noticia amarillista se convierte en tendencia y un simple rumor adquiere la trascendencia de una primicia. Vivimos en una época plagada de desinformación, noticias alteradas y campañas digitales capaces de provocar daños masivos e incluso irreparables en la percepción colectiva.
Porque con un solo clic, un repost o un like, podemos convertirnos en partícipes de la expansión de la desinformación. Y entonces surge una cuestión compleja: ¿cómo se combate la mentira cuando su masificación parece inevitable? La historia parece dictarnos que la obligación legítima de desmentir la desinformación forma parte de las responsabilidades del gobierno.
Sin embargo, los problemas más complejos de la historia jamás comenzaron presentándose como amenazas evidentes. Por el contrario, surgieron disfrazados de buenas intenciones.
George Orwell escribió en 1984:
“Quien controla el pasado controla el futuro; quien controla el presente controla el pasado.”
La frase no habla únicamente de censura. Habla de que quienes sostienen la batuta del poder también pueden controlar el relato.
Porque la verdad no es únicamente un asunto de hechos o noticieros. También es un asunto de poder. Y los hechos pueden alterarse cuando existe la capacidad suficiente para hacerlo.
Michel Foucault sostenía que cada sociedad produce sus propios “regímenes de verdad”: sistemas mediante los cuales determinadas instituciones adquieren legitimidad para definir qué discursos son aceptables y cuáles deben ser descartados. La verdad, desde esta perspectiva, no existe completamente separada del poder que la proclama.
El derecho a la información, reconocido por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por diversos instrumentos internacionales, no consiste únicamente en recibir información verdadera. También abarca el derecho de los ciudadanos a cuestionar, comparar y criticar la información que consumen. Porque un mundo con acceso a la información, pero sin capacidad crítica, es una sociedad predecible y monótona, incapaz de generar la tensión necesaria para avanzar, condenada a vivir bajo aquello que unos pocos desean que crea.
Por ello, cuando el Estado asume el papel de corrector o incluso de escritor de la realidad, se abre una frontera peligrosa: aquella donde informar comienza a transformarse en interpretar, y donde interpretar puede convertirse en decidir qué conviene decir y qué conviene mantener oculto tras cortinas de humo.
La información no debe ser interpretada antes de ser difundida. Debe emitirse tal cual es, sustentada en hechos verificables, datos comprobables, testimonios y múltiples fuentes. Porque la interpretación es consecuencia del análisis de la información, no parte del proceso de construirla.
El verdadero riesgo comienza cuando una sociedad deja de preguntarse si quien le habla lo hace con certeza o por conveniencia.
Hannah Arendt advertía que el problema de las sociedades modernas no es que las personas crean mentiras, sino que terminan perdiendo la capacidad de distinguir entre verdad y ficción. Cuando eso ocurre, el ciudadano deja de analizar y simplemente se deja arrastrar por la corriente de la masificación informativa propia de la era digital.
En nuestros tiempos, la verdad ha dejado de ser un proceso colectivo de búsqueda para convertirse, en muchas ocasiones, en un producto administrado. Son otros quienes deciden qué mostrar, en qué cantidad hacerlo y con qué narrativa acompañarlo.
Karl Popper advertía que las sociedades abiertas se distinguen de las cerradas por una característica fundamental: en las primeras, incluso quienes gobiernan pueden equivocarse. Y esa posibilidad de error es precisamente la que obliga al poder a rendir cuentas.
El verdadero desafío de nuestra época no consiste únicamente en combatir las noticias falsas. Consiste en impedir que la verdad y la búsqueda de certeza dejen de ser el principal objetivo de la información.
Porque cuando la información deja de buscar la verdad y comienza a perseguir únicamente la masificación, los daños son profundos. La confusión sustituye a la realidad y la ilusión termina compitiendo con los hechos.
Porque cuando una democracia deja de debatir la realidad y comienza a administrarla, el problema ya no es la mentira.
El problema es que la verdad ha dejado de pertenecernos.