Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 02 de junio de 2026
El Congreso de Veracruz dio un nuevo paso en la actualización de su marco jurídico al armonizar la Constitución Política del estado con las disposiciones contenidas en la reciente reforma político-electoral federal conocida como “Plan B”, una iniciativa que busca reducir costos en las estructuras gubernamentales y fortalecer criterios de austeridad en los distintos órdenes de gobierno. La adecuación legislativa fue aprobada con una amplia mayoría de 39 votos a favor, consolidando a Veracruz entre las entidades que han adaptado su legislación a los cambios constitucionales impulsados a nivel nacional.
La reforma deriva de las modificaciones aprobadas previamente al nivel federal en los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución mexicana, las cuales establecen nuevas reglas para la integración de ayuntamientos, límites presupuestales para los congresos estatales y restricciones salariales para funcionarios electorales. El objetivo central es promover una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y reducir gastos administrativos considerados excesivos.
Entre los principales cambios destaca que los ayuntamientos tendrán un límite máximo de 15 regidurías, independientemente del tamaño poblacional del municipio, además de que deberán respetar los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y representación equilibrada en la conformación de los cabildos. Asimismo, se establece que el presupuesto de los congresos locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de egresos de cada entidad federativa.
Otro de los puntos relevantes contempla que los funcionarios de organismos electorales locales no podrán percibir remuneraciones superiores a las establecidas como límite constitucional para el servicio público. Esta disposición forma parte de la política nacional orientada a homologar criterios salariales y reforzar los principios de austeridad republicana en las instituciones públicas.
La armonización aprobada por el Congreso veracruzano responde a la obligación de las entidades federativas de adecuar su legislación local a las reformas constitucionales federales. De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma, los estados deben realizar las modificaciones necesarias para garantizar la aplicación uniforme de las nuevas disposiciones en todo el país.
A nivel nacional, el denominado “Plan B” logró convertirse en reforma constitucional tras obtener el respaldo de al menos 17 congresos estatales, requisito establecido por la Constitución para la validez de las modificaciones federales. Veracruz formó parte de las entidades que avalaron el proyecto, contribuyendo a que la reforma alcanzara la mayoría necesaria para su entrada en vigor.
Los impulsores de la reforma sostienen que las medidas permitirán generar ahorros importantes en el gasto público y destinar mayores recursos a programas sociales, infraestructura y servicios para la población. Diversas estimaciones presentadas durante el proceso legislativo señalaron que las modificaciones podrían representar ahorros nacionales cercanos a los 4 mil millones de pesos mediante la reducción de estructuras administrativas y gastos operativos.
Con esta armonización constitucional, Veracruz actualiza su marco legal conforme a las nuevas disposiciones federales y se prepara para implementar los cambios que impactarán la integración de gobiernos municipales, la operación del Poder Legislativo estatal y el funcionamiento de los organismos electorales en los próximos procesos democráticos.