Por: Redacción El Censal | Ciudad de México, México | 08 de junio de 2026
Las autoridades mexicanas mantienen bajo investigación un presunto mercado negro de tarjetas SIM o chips telefónicos que son ofertados en internet y redes sociales como supuestamente “ya registrados”, una práctica que podría facilitar delitos como fraude, extorsión y suplantación de identidad. De acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la Policía Cibernética ya colabora en las indagatorias para identificar a quienes comercializan estas líneas, mientras el país avanza en el proceso obligatorio de vinculación de números celulares con la identidad de sus titulares. Actualmente, menos del 50 % de las líneas móviles en México han sido registradas, lo que ha propiciado la proliferación de este tipo de ofertas ilegales.
El fenómeno ha cobrado relevancia a pocas semanas de que concluya el plazo establecido por las autoridades para que los usuarios registren sus líneas telefónicas. En diversas plataformas digitales y redes sociales han aparecido anuncios que ofrecen chips presuntamente activados con datos de terceros, con precios que van desde decenas hasta cientos de pesos, bajo la promesa de evitar que los compradores proporcionen su CURP, identificación oficial o datos biométricos. Especialistas advierten que estas prácticas representan un riesgo tanto para quienes adquieren las tarjetas como para las personas cuyos datos pudieran haber sido utilizados sin autorización.
La CRT informó que este tipo de publicaciones ya fue reportado a las autoridades competentes y que la Policía Cibernética participa en las investigaciones para rastrear a los responsables de la comercialización de chips supuestamente registrados. El objetivo es frenar un esquema que podría ser aprovechado por grupos delictivos para operar con líneas telefónicas difíciles de rastrear o asociadas a identidades ajenas.
Según cifras difundidas por el organismo regulador, en México existen alrededor de 154 millones de líneas de telefonía móvil, de las cuales únicamente 56.7 millones habían sido vinculadas con la identidad de su titular hasta los primeros días de junio de 2026. Esto significa que una parte importante de los usuarios aún no ha completado el proceso de registro, situación que, de acuerdo con expertos en telecomunicaciones, ha contribuido al surgimiento de un mercado informal que intenta aprovechar la incertidumbre generada por la nueva disposición.
El Gobierno federal ha defendido el registro obligatorio de líneas celulares al señalar que busca reducir delitos como la extorsión telefónica y los fraudes cometidos mediante números anónimos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que asociar cada chip con una identidad permitirá a las autoridades contar con mayores herramientas para investigar ilícitos y disminuir el uso de líneas desechables por parte de organizaciones criminales.
Sin embargo, especialistas en derechos digitales y analistas del sector han advertido que la medida también puede incentivar prácticas ilícitas como el robo de identidad y la venta clandestina de tarjetas SIM registradas con datos falsos o de terceros. Además, consideran que la falta de información clara hacia los usuarios y la cercanía del plazo límite han favorecido la aparición de anuncios engañosos en plataformas digitales.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población no adquirir chips ofrecidos en mercados informales o redes sociales y realizar el registro únicamente a través de los canales oficiales de las compañías telefónicas. También exhortan a denunciar cualquier publicación sospechosa relacionada con la venta de líneas presuntamente registradas, ya que este tipo de operaciones podría derivar en responsabilidades legales y afectar la seguridad de los usuarios.
La investigación continúa mientras el proceso nacional de registro de líneas celulares entra en su etapa decisiva. El desafío para las autoridades será combatir el surgimiento de estos mercados paralelos y garantizar que la estrategia de identificación de usuarios cumpla su objetivo de fortalecer la seguridad sin abrir espacios para nuevas modalidades de fraude o suplantación de identidad.