Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México| 04 de agosto de 2026
El Gobierno de México buscará recuperar los bienes y recursos que eventualmente sean decomisados en Estados Unidos al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que un tribunal federal estadounidense ordenara el decomiso de 15 mil millones de dólares como parte de la sentencia de cadena perpetua impuesta al cofundador del Cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, una vez que existan bienes efectivamente asegurados o recursos recuperados, el Estado mexicano solicitará formalmente su restitución mediante los mecanismos de cooperación jurídica internacional previstos entre ambos países.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que México hará valer los instrumentos de colaboración bilateral para reclamar los activos que correspondan, al considerar que el mayor daño ocasionado por las actividades delictivas de Zambada ocurrió en territorio mexicano. Señaló que esta política no solo aplicará para este caso, sino también para cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco cuyos bienes sean confiscados por autoridades extranjeras. “Todo lo que sea benéfico para el pueblo de México. Esa es nuestra función y nuestra tarea”, expresó la presidenta.
Sheinbaum aclaró que los 15 mil millones de dólares no representan recursos ya asegurados por el gobierno estadounidense, sino una estimación realizada por la Fiscalía de ese país sobre las ganancias ilícitas que presuntamente obtuvo “El Mayo” durante varias décadas de operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas. En ese sentido, puntualizó que cualquier recuperación de activos dependerá del proceso legal que se desarrolle en Estados Unidos y de la localización efectiva del patrimonio sujeto a decomiso.
La sentencia contra Ismael Zambada fue dictada por una Corte Federal de Nueva York, luego de que el líder criminal, de 76 años, se declarara culpable de diversos delitos relacionados con el tráfico de cocaína, fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Además de la cadena perpetua, el tribunal ordenó el decomiso de los recursos económicos vinculados con las actividades criminales atribuidas al histórico dirigente del Cártel de Sinaloa.
Especialistas en derecho internacional señalan que los tratados de asistencia jurídica mutua permiten que un país solicite la devolución de bienes decomisados cuando pueda acreditar que los delitos causaron afectaciones directas en su territorio o que los recursos provienen de actividades ilícitas desarrolladas dentro de su jurisdicción. México y Estados Unidos mantienen diversos mecanismos de cooperación en materia de combate al crimen organizado, lavado de dinero y recuperación de activos derivados de actividades delictivas.
La eventual recuperación de estos recursos representaría una de las mayores acciones de restitución patrimonial entre ambos países. De concretarse, el dinero podría destinarse a programas públicos relacionados con seguridad, justicia, atención a víctimas o desarrollo social, conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos internacionales aplicables. No obstante, expertos precisan que el procedimiento podría extenderse durante varios años debido a la complejidad de los procesos judiciales y financieros involucrados.
El caso también refleja la creciente coordinación entre México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado transnacional. En los últimos años, ambos gobiernos han fortalecido el intercambio de información financiera, la cooperación en investigaciones patrimoniales y las acciones para identificar bienes, cuentas bancarias, empresas y otros activos vinculados con organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.
Con el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México deja clara su intención de participar activamente en los procedimientos de recuperación de activos derivados de actividades ilícitas. La eventual restitución de bienes decomisados a “El Mayo” Zambada representaría un precedente relevante en materia de cooperación internacional y recuperación de recursos públicos provenientes del combate al crimen organizado, además de reforzar la estrategia nacional para que los activos obtenidos ilegalmente puedan convertirse en beneficios para la sociedad mexicana.