EconomíaGobierno Federal busca eliminar pagos en efectivo en gasolineras para fortalecer control de combustibles

Gobierno Federal busca eliminar pagos en efectivo en gasolineras para fortalecer control de combustibles

Por: Redacción El Censal | Ciudad de México | 9 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su Gobierno busca eliminar por completo los pagos en efectivo en las gasolineras, como parte de una estrategia para fortalecer la trazabilidad de las operaciones comerciales de combustibles, mejorar el seguimiento fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y combatir el robo y la importación ilegal de hidrocarburos.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria aclaró que la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no contempla retirar el dinero en efectivo de la economía mexicana ni prohibir su utilización en establecimientos comerciales. La intención, explicó, es impulsar gradualmente las transacciones electrónicas en distintos sectores.

La excepción planteada por el Ejecutivo federal corresponde a las estaciones de servicio, donde se busca avanzar hacia la eliminación del efectivo. De acuerdo con Sheinbaum, el registro digital de cada operación permitiría dar seguimiento al combustible desde su producción o importación hasta su comercialización final, facilitando la identificación de posibles irregularidades en la cadena de suministro.

La propuesta también contempla avanzar hacia una mayor digitalización en las casetas de cobro de carreteras, aunque en este sector la transición sería gradual. El objetivo es ampliar las alternativas electrónicas de pago y facilitar su adopción entre los usuarios del sistema carretero nacional.

Desde una perspectiva económica, el cambio representa una transformación en la operación de las estaciones de servicio, que deberán fortalecer sus sistemas de cobro y conciliación de transacciones. Para los consumidores, el uso de tarjetas y plataformas digitales podría facilitar el registro de gastos y ofrecer comprobantes electrónicos, aunque también plantea retos relacionados con la conectividad y el acceso a servicios financieros.

Uno de los antecedentes de esta estrategia es el acuerdo anunciado en abril de 2026 entre el Gobierno federal, la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades de Vales, orientado a reducir las comisiones por pagos de gasolina y diésel. Entre los ajustes se contempló disminuir el costo de las operaciones con tarjetas de débito y crédito, así como de los vales de combustible, con el propósito de facilitar la adopción de medios electrónicos.

La presidenta también adelantó que el Banco del Bienestar cuenta con una nueva aplicación que permitirá realizar pagos directamente desde teléfonos celulares, sin necesidad de retirar previamente dinero en efectivo en una sucursal o cajero automático. Esta herramienta se incorporaría a los esfuerzos para ampliar el uso de transacciones digitales en el país.

El proceso de digitalización también plantea desafíos para pequeños establecimientos y consumidores que dependen del efectivo, especialmente en comunidades con menor cobertura de internet o limitado acceso a servicios bancarios. Por ello, la implementación de nuevos mecanismos de pago requerirá infraestructura tecnológica, información para los usuarios y alternativas accesibles.

En Veracruz, donde la actividad comercial de combustibles tiene relevancia para el transporte de mercancías, el sector agropecuario, la industria y la movilidad cotidiana, cualquier modificación en los mecanismos de cobro tendrá implicaciones para estaciones de servicio, empresas y consumidores. La transición también podría facilitar una mayor trazabilidad de las operaciones dentro de la cadena de distribución de hidrocarburos.

Sheinbaum sostuvo que el efectivo continuará utilizándose en la economía nacional y que la estrategia busca ampliar las opciones digitales, no establecer una prohibición general. El avance de esta política dependerá de su implementación normativa y operativa, así como de la capacidad de las empresas y los usuarios para adaptarse a los nuevos mecanismos de pago.

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