Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 13 de noviembre de 2026
Las comunidades rurales y costeras de Veracruz forman parte de dos iniciativas nacionales impulsadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), orientadas a proteger los suelos, reducir la contaminación del agua y conservar los ecosistemas marinos. Los proyectos cuentan con financiamiento superior a los 20 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), con una perspectiva que vincula la sostenibilidad ambiental con la productividad agroalimentaria y el bienestar de las familias productoras.
Las acciones se desarrollarán mediante dos programas: Financiamiento para la Reducción y Gestión de Agroquímicos (FARM+) y Forjando Alianzas por el Océano, enfocado en disminuir la contaminación del agua mediante soluciones sostenibles. Ambos tendrán una duración de cinco años y contemplan la participación de comunidades rurales e indígenas, con especial atención a las mujeres productoras. Veracruz figura entre las entidades consideradas junto con Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y la Península de Yucatán.
El proyecto FARM+ busca reducir el uso de plaguicidas altamente peligrosos y promover alternativas de producción con menor impacto ambiental. Entre los cultivos prioritarios se encuentran el maíz, frijol, café, cítricos y frutales, actividades relevantes para distintas regiones de Veracruz. La estrategia contempla asistencia técnica, acceso a financiamiento y adopción de tecnologías que permitan mejorar las prácticas agrícolas sin comprometer la salud de los suelos ni de las personas que trabajan en el campo.
Entre las metas nacionales de FARM+ se encuentra implementar prácticas sostenibles en más de 839 mil hectáreas, reducir 2 mil 460 toneladas de agroquímicos y disminuir más de 167 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono. El programa proyecta beneficiar a más de 5.6 millones de personas productoras, de las cuales alrededor de la mitad serán mujeres rurales. Estas cifras corresponden al alcance general de la iniciativa y no representan una asignación exclusiva para Veracruz.
Por su parte, Forjando Alianzas por el Océano busca atender la contaminación que llega a ríos, cuencas y ecosistemas marinos como consecuencia del escurrimiento de fertilizantes químicos utilizados en las actividades agrícolas. Para ello, contempla impulsar la producción de fertilizantes orgánicos y bioinsumos, mejorar la conservación de suelos, promover sistemas agroforestales y apoyar procesos de reconversión productiva y restauración ecológica.
Este segundo proyecto establece como objetivos mejorar las prácticas de producción en 200 mil hectáreas, incorporar 11 mil hectáreas a procesos de restauración ecológica y beneficiar a más de 67 mil personas mediante capacitación, financiamiento y oportunidades para incrementar sus ingresos. La meta también considera que 50 por ciento de las personas beneficiarias sean mujeres.
Para Veracruz, la protección de estos recursos tiene una dimensión económica importante. La actividad agrícola depende de la calidad de los suelos y la disponibilidad de agua, mientras que la pesca y el turismo costero están relacionados con la conservación de manglares, playas y ecosistemas marinos. El estado cuenta con 745 kilómetros de litoral y una economía vinculada, entre otras actividades, con la pesca artesanal y los servicios turísticos, por lo que la degradación ambiental puede repercutir en las fuentes de ingreso de numerosas comunidades.
La participación de las comunidades será fundamental para llevar las medidas de conservación a las unidades productivas y territorios costeros. En ese sentido, las iniciativas se vincularán con programas como Producción para el Bienestar, Cosechando Soberanía y las Escuelas de Campo, además de contemplar colaboración con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Aunque todavía no se detallan montos específicos ni localidades veracruzanas que recibirán los recursos, la incorporación del estado abre una oportunidad para fortalecer la producción agroalimentaria, proteger los recursos naturales y generar mejores condiciones económicas en el medio rural.