Especialistas en seguridad y justicia destacaron que la próxima Ley General contra la Extorsión debe contemplar mecanismos explícitos para la coordinación interinstitucional, el establecimiento de controles internos, y una rendición de cuentas efectiva sobre el manejo de información personal y el uso de herramientas autorizadas, con el fin de prevenir abusos.
Estos expertos advierten que la extorsión es un delito de alta prevalencia en México: en 2023, el INEGI reportó 4.9 millones de casos, lo que equivale a más de 13,000 extorsiones diarias, de las cuales apenas 3 % se denuncian. Además, una mayor parte del robo a unidades económicas corresponde a cobros de piso o exigencias económicas coercitivas.
De acuerdo a los datos de la ENVE 2024, el 25.5 % de delitos registrados en empresas fueron por extorsión. Entre estos, el 15.2 % se comete de forma presencial, como cobro directo, y en el 67 % de los casos las víctimas ceden al pago. Las cifras oficiales también indican que la tasa de extorsión incrementó un 27.7 % de 2019 a 2025, pasando de 23.93 a 30.55 incidentes diarios promedio.
Necesidad de enfoques integrales
Los especialistas coinciden en que la ley debe tipificar con claridad las variantes modernas del delito —como extorsión en línea y remota— y establecer responsabilidades definidas para autoridades federales, estatales y municipales. Destacan también la importancia de asegurar que cualquier intervención de comunicaciones esté debidamente autorizada y sujeta a vigilancia judicial y civil.
Coordinación y controles operativos
Según Armando Vargas, de México Evalúa, la legislación debe impulsar la creación de unidades antibextorsión en cada municipio y fomentar su vinculación efectiva con fiscalías estatales y federales. Sugiere que las policías municipales sean dotadas de capacidades técnicas y recursos para compartir información de cifra negra y de inteligencia.
Cristina Reyes, de México Unido Contra la Delincuencia, subraya que la ley debe incluir protocolos claros para el uso de datos personales, intervenciones legales y bloqueo de líneas, así como controles que garanticen el respeto a derechos humanos y limiten usos indebidos.
Transparencia y rendición de cuentas
Se propone que la normatividad contemple reportes periódicos por parte de autoridades sobre el uso de herramientas e intervenciones implementadas, con la participación de fiscalías y supervisión ciudadana, para prevenir cualquier forma de abuso o sesgo en la ejecución .
Ante un crecimiento sostenido de la extorsión y su alta cifra negra, expertos defienden que la nueva ley debe sustentarse en pilares sólidos: definición precisa del delito, coordinación entre órdenes de gobierno, controles estrictos y transparencia en su implementación. Solo así será posible combatir eficazmente un delito que erosiona la seguridad, el tejido social y la economía nacional.