El Gobierno de México calificó como un “trato injusto” los aranceles del 30 % anunciados por el presidente Donald Trump, los cuales afectarían a productos mexicanos desde el 1 de agosto. La reacción oficial se manifestó durante una reunión con autoridades de EE.UU. en Washington, donde estuvieron presentes representantes de las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía .
En esa mesa de trabajo binacional —próxima a formalizarse como permanente— México expresó su desacuerdo con la decisión y declaró que buscará una alternativa para proteger a empresas y empleos de ambos países antes de que entren en vigor los aranceles . El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reafirmó que México ya negocia activamente y que los gravámenes son “injustificados”, pues menos del 17 % de las exportaciones del país están sujetas a aranceles .
Datos clave del anuncio:
La cuota del 30 % se aplica a todos los productos provenientes de México, como parte de una estrategia para frenar el flujo de fentanilo —acusado de originarse en parte en territorio mexicano— y abordar desequilibrios comerciales
Esta medida es parte de una ola de aranceles generalizados que también incluye a la Unión Europea, Canadá y otros países, con tasas que oscilan entre el 20 % y el 50 %
Contexto y consecuencias
México exporta cerca del 80 % de su producción a Estados Unidos, con un valor estimado superior a los 500 mil millones USD anual—aspecto que convierte los aranceles en un riesgo para cadenas productivas como la automotriz, agroalimentaria y manufacturera .
La imposición coincide con avisos anteriores de represalias arancelarias desde México, aunque ahora se busca evitar esa vía mediante el diálogo y acuerdos técnicos previos a la fecha señalada .
Desde la Unión Europea, se advierte que una decisión sin negociación podría interrumpir cadenas de suministro transatlánticas, afectando tanto la operación industrial como los precios al consumidor
Próximos pasos y posibilidades
Mesas de negociación intensivas: se establecerán espacios técnicos permanentes entre gobiernos y sectores productivos, con fecha límite el 1 de agosto.
Evaluación de medidas alternativas: se exploran esquemas de cooperación más allá de aranceles, como acuerdos en seguridad, económicos o reguladores.
Preparativos ante contramedidas: tanto México como la UE advierten que podrían activar represalias si no hay resultados en las negociaciones, incluyendo posibles impactos en empleo y comercio bilateral.
Este escenario coloca una decisión crucial en manos de la diplomacia y la capacidad mexicana de lograr alcances técnicos claros para evitar una escalada que podría detonar efectos en el comercio y en la economía regional.