Por: Redacción El Censal | CDMX, México| 02 de marzo 2026
El Gobierno de México anunció una reforma profunda a la Ley General de Aguas, con el objetivo de exponer y sancionar mecanismos utilizados por grandes empresas para evadir el pago por el uso del agua, y al mismo tiempo garantizar el acceso equitativo al vital líquido para toda la población.
Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la iniciativa contempla ajustes para que el Estado recupere la rectoría del agua como recurso estratégico y ponga fin a prácticas que permitían que grandes consorcios intercambiaran títulos o concesiones de agua entre distintas entidades para evitar sus obligaciones de pago.
¿Qué busca la reforma al agua en México?
La reforma —que ya fue aprobada en general por la Cámara de Diputados y remitida al Senado de la República— busca actualizar el marco legal que regula el uso, acceso y gestión de los recursos hídricos en México. Con estas modificaciones se refuerza el concepto del agua como derecho humano fundamental, priorizando el uso para consumo doméstico sobre otros usos industriales o comerciales.
Entre los puntos clave de la nueva Ley General de Aguas están:
Control estatal del recurso hídrico y de las concesiones, limitando la transmisión entre particulares y fortaleciendo la gestión pública.
Medidas de transparencia y combate al acaparamiento, para evitar que grandes empresas acumulen derechos y evadan el pago legal por el uso del agua.
Registro Nacional del Agua público, con más vigilancia sobre quién y cómo se utiliza el recurso.
El gobierno estima que con estas medidas podría generar hasta 7 mil millones de pesos adicionales por el cobro de derechos de agua, al impedir prácticas que antes permitían a empresas eludir sus responsabilidades económicas.
Relevancia para Veracruz y otras entidades
En Veracruz, donde comunidades rurales y zonas urbanas enfrentan periódicamente retos en el abastecimiento de agua potable, esta reforma podría tener efectos importantes en la regulación de concesiones y en el combate al uso excesivo del agua por parte de industrias extractivas o comerciales que explotan mantos y cuencas sin contribuir al mantenimiento del sistema hídrico.
Además, el estado forma parte de una región donde la infraestructura hídrica ha sido clave en proyectos de abastecimiento y saneamiento. Por ejemplo, dentro del Plan Nacional Hídrico se anunció un acueducto para Coatzacoalcos, Veracruz, con inversión para mejorar la captación y distribución de agua potable a comunidades con escasez.
Debate y críticas alrededor de la reforma
La iniciativa ha generado una discusión amplia. Aunque el Gobierno destaca que responde a la obligación constitucional de garantizar el agua como derecho humano y evitar prácticas irregulares, algunos sectores del campo y organizaciones sociales han expresado preocupaciones, argumentando que la eliminación de transmisiones de concesiones podría dificultar a pequeños productores y generar incertidumbre.
Al mismo tiempo, defensores del medio ambiente y activistas hídricos ven en esta reforma una oportunidad para promover una gestión más sustentable del recurso, especialmente en contextos regionales afectados por sequías prolongadas y sobreexplotación de acuíferos.
Qué viene para la Ley de Aguas
El dictamen ahora se encuentra en el Senado de la República, donde será discutido en lo particular antes de su publicación final en el Diario Oficial de la Federación. Una vez oficializada, la nueva Ley General de Aguas y sus reformas asociadas comenzarán a aplicarse de manera progresiva en todo el país.
