Rosy Wendoli Carrillo Ovando
Economista, Especialista en Comercio Exterior, Maestra en Economía Ambiental y Doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: desigualdad económica, complejidad económica, desarrollo sustentable y economía ambiental.
Contacto: roscarrillo@uv.mx
Desde finales del siglo XIX, el petróleo ha sido considerado como la principal fuente de energía, motor del crecimiento, fuente de ingresos públicos y símbolo de soberanía energética. México se encuentra en la posición número 12 a nivel internacional en producción de petrleo.
En el país se tiene una larga historia de producción de petróleo a lo largo de los años, este recurso natural ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo económico del país (por su contribución a las finanzas públicas vía impuestos y divisas) y su posición en la economía global. Durante el auge petrolero en la década de los años 70 los ingresos petroleros llegaron a representar aproximadamente el 40% del total de ingresos del país. Actualmente, la dependencia es menor (18%). Sin embargo, el petróleo sigue siendo estratégico para la economía del país.
Pero, no todo es positivo, hay una parte de esa historia que pocas veces se cuenta: el petróleo también deja huella. Entre el año 2000 a 2025, alrededor de 280 derrames han impactado costas mexicanas, especialmente en el Golfo de México.
Casos como las fugas en la Sonda de Campeche, los derrames recurrentes en el río Coatzacoalcos o la contaminación de playas en Paraíso, Tabasco, el derrame de petróleo iniciado en marzo de 2026 en el Golfo de México que ha contaminado más de 630 km de costa en Veracruz y Tabasco, muestran que estos eventos no son aislados.
Estos derrames causan daños permanentes como la muerte masiva de fauna, la destrucción de ecosistemas costeros, la contaminación de la cadena alimentaria por bioacumulación e impactos en la salud humana. Además, afecta la pesca, el turismo y la economía local.
Sin embargo, estos costos no se registran en las cuentas nacionales, no aparecen en los indicadores de crecimiento y, sobre todo, no los paga quien toma las decisiones productivas, sino que son trasladados a otros actores. Las afectaciones suelen recaer en economías locales. Los pescadores que pierden su fuente de ingreso, las comunidades ven deteriorarse su entorno, las actividades turísticas que se detienen.
En la Sonda de Campeche, pescadores han reportado disminución en sus capturas tras fugas en plataformas marinas, mientras que en regiones como el río Coatzacoalcos, en Veracruz, el deterioro ambiental acumulado ha reducido la actividad pesquera y alterado la vida de comunidades enteras. En el Puerto de Veracruz y áreas aledañas, se ha percibido menos afluencia turística, lo que afecta a hoteles, restaurantes y servicios locales.
A eso se suman impactos en salud, en calidad de vida y en el valor del territorio. Son costos reales, medibles y persistentes, pero que rara vez forman parte del cálculo económico del sector energético.
Desde la teoría económica, a esto se le llaman externalidades. Las externalidades son efectos de una actividad productiva que no son asumidos por quien la realiza. En el caso del petróleo, las ganancias tienden a concentrarse, mientras que los costos se distribuyen y no de una manera equitativa. Se concentran en regiones específicas, generalmente con menor capacidad económica y menor visibilidad política.
Esto revela una contradicción profunda del modelo de desarrollo. Por un lado, se justifica la explotación petrolera en nombre del crecimiento y el bienestar; por otro, los impactos negativos recaen precisamente en poblaciones que no necesariamente se benefician de ese crecimiento, las más vulnerables.
Pero el problema va más allá de los derrames. Tiene que ver con la forma en que entendemos el desarrollo. Mientras los indicadores económicos sigan ignorando los costos ambientales y sociales, seguiremos teniendo una visión incompleta de lo que significa crecer. Una economía puede expandirse en términos de producción y, al mismo tiempo, deteriorarse en términos de bienestar.
Incorporar estos costos no es solo una cuestión técnica, es una decisión política. Implica reconocer que el crecimiento económico no puede medirse únicamente por lo que se produce, sino también por lo que se pierde en el proceso. Implica, además, replantear la forma en que se distribuyen los riesgos y los beneficios de las actividades productivas.
En este sentido, los derrames no son eventos aislados ni accidentes desafortunados. Son síntomas de un modelo que sigue operando bajo la lógica de maximizar producción mientras minimiza, o invisibiliza, sus efectos colaterales. Y mientras esa lógica no cambie, los costos seguirán apareciendo en los mismos lugares: en las costas, en las comunidades, en los territorios que sostienen la actividad económica sin recibir necesariamente sus beneficios.
Repensar la economía también implica repensar el petróleo, ¿Qué tipo de desarrollo estamos construyendo?, ¿Quién asume las consecuencias?, al final, el verdadero costo del petróleo no se mide en barriles, sino en territorios afectados y en vidas que tienen que adaptarse a sus impactos.