El avance de la inteligencia artificial (IA) comienza a transformar el mercado laboral mexicano y ya llegó a la agenda legislativa. En la Cámara de Diputados se analiza una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de otorgar una compensación especial de dos meses de salario, adicional a la indemnización constitucional, para aquellos trabajadores que sean despedidos porque sus funciones fueron sustituidas por sistemas de inteligencia artificial, automatización u otras tecnologías equivalentes. De aprobarse, la indemnización podría alcanzar el equivalente a cinco meses de salario, dependiendo de cada caso.
La propuesta fue presentada por el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario de Morena, quien plantea modificar el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo para reconocer que la pérdida del empleo derivada de la adopción de inteligencia artificial responde a una decisión empresarial de modernización tecnológica y no a un incumplimiento o bajo desempeño del trabajador. En ese sentido, la iniciativa establece que el patrón deberá cubrir una compensación extraordinaria equivalente a dos meses de salario integrado, además de las indemnizaciones ya previstas por la legislación vigente.
Actualmente, la Ley Federal del Trabajo contempla indemnizaciones por despido injustificado, pero no regula de manera específica los casos en los que una persona pierde su empleo como consecuencia directa de la automatización de procesos. La iniciativa busca llenar ese vacío jurídico y brindar mayor protección a quienes resulten desplazados por tecnologías emergentes, un fenómeno que comienza a extenderse en actividades administrativas, manufactura, atención al cliente, logística, análisis de datos y otros sectores productivos.
El debate surge en un contexto de rápida adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial. Diversos estudios del sector tecnológico estiman que un número creciente de empresas mexicanas planea incorporar soluciones de automatización para incrementar su productividad, reducir costos operativos y optimizar procesos. Un informe de IDC y Deel citado en la iniciativa señala que 64% de las empresas en México prevé reducir vacantes para puestos de nivel inicial durante los próximos tres años debido al uso de inteligencia artificial y automatización.
Desde la perspectiva económica, especialistas consideran que la inteligencia artificial representa una de las principales fuentes de crecimiento para la productividad global durante la próxima década. Sin embargo, también advierten que la transición tecnológica debe ir acompañada de políticas públicas que faciliten la capacitación, la reconversión laboral y mecanismos de protección para los trabajadores que enfrenten procesos de sustitución tecnológica. El objetivo, señalan, no es frenar la innovación, sino generar condiciones para que sus beneficios se distribuyan de manera más equilibrada entre empresas y trabajadores.
Organismos empresariales han señalado que la inteligencia artificial también crea nuevas oportunidades de empleo relacionadas con el desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad, automatización industrial y supervisión de sistemas inteligentes. No obstante, reconocen que la incorporación de estas tecnologías modificará la demanda de habilidades y obligará a acelerar los procesos de capacitación y actualización profesional para mantener la competitividad del capital humano.
La iniciativa también ha abierto un debate jurídico sobre la relación entre innovación y derechos laborales. Expertos en derecho del trabajo consideran que una regulación específica podría brindar mayor certeza tanto a trabajadores como a empleadores, especialmente en un escenario donde la automatización continuará expandiéndose en prácticamente todos los sectores económicos. Al mismo tiempo, advierten que cualquier reforma deberá encontrar un equilibrio que permita proteger el empleo sin desalentar la inversión en nuevas tecnologías.
El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis y aún deberá recorrer el proceso legislativo antes de una eventual aprobación. Mientras tanto, el debate refleja uno de los principales desafíos de la economía digital: cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para impulsar el crecimiento económico sin dejar desprotegidos a los trabajadores cuyos empleos podrían transformarse o desaparecer por la automatización.