Por: Redacción El Censal |Xalapa, Veracruz| 09 de abril de 2026
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el denominado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una mayoría calificada de 377 votos a favor y 102 en contra, marcando un avance relevante en la agenda de austeridad y modernización institucional del país.
La iniciativa, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, tiene como objetivo principal reducir el gasto público en el sistema político-electoral y hacer más eficiente el funcionamiento de los gobiernos locales. Entre sus puntos centrales se encuentra el establecimiento de un límite máximo de 15 regidores en los ayuntamientos, así como la reducción de los presupuestos de los congresos estatales, los cuales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto total de cada entidad.
Además, el dictamen contempla que consejeros y magistrados electorales no puedan percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República, reforzando el principio de austeridad en los organismos públicos.
Este “Plan B” surge como una alternativa tras el rechazo de una propuesta más amplia de reforma electoral, manteniendo el enfoque en ajustes concretos que permitan generar ahorros y redirigir recursos hacia áreas prioritarias para el desarrollo social.
Desde el gobierno federal se ha destacado que estas modificaciones buscan construir un sistema político más eficiente, con menos costos operativos y mayor cercanía con la ciudadanía. En ese sentido, la reducción de estructuras administrativas y de gasto corriente podría liberar recursos para inversión pública y programas sociales.
La aprobación en la Cámara de Diputados representa un paso clave en el proceso legislativo de esta reforma, que aún deberá continuar su discusión en lo particular y su eventual consolidación en el marco constitucional.
Con este avance, México continúa en una ruta de transformación institucional orientada a la austeridad, la eficiencia del gasto y el fortalecimiento de la gobernanza democrática, en un contexto donde la optimización de recursos públicos se vuelve un eje central para el desarrollo económico y social.