Por: Redacción El Censal |Xalapa Veracruz | 15 de abril de 2026
El denominado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue declarado constitucional luego de ser aprobado por 19 congresos estatales, superando el umbral requerido para modificar la Constitución y marcando un nuevo capítulo en el sistema político-electoral del país.
La declaratoria fue emitida por el Congreso de la Unión tras recibir el aval de legislaturas locales de entidades como Veracruz, Estado de México, Puebla y Ciudad de México, lo que permitió completar el proceso del Constituyente Permanente. Con ello, la reforma fue turnada al Senado para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.
El llamado Plan B contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de reducir costos en el sistema electoral, limitar estructuras administrativas y ajustar el funcionamiento de instituciones políticas. Entre los cambios más relevantes destaca el establecimiento de topes salariales para funcionarios electorales —quienes no podrán ganar más que la Presidencia—, así como la reducción en el número de regidores en los ayuntamientos y límites al gasto de los congresos estatales.
Esta reforma surge como una alternativa al proyecto original de reforma electoral que no logró la mayoría calificada en el Congreso, y se enfoca en medidas de austeridad y eficiencia institucional, buscando eliminar lo que el gobierno considera excesos en el gasto público electoral.
Desde el Ejecutivo federal, se ha destacado que la reforma permitirá generar ahorros presupuestales, mejorar el uso de recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. En contraste, sectores de oposición han señalado posibles riesgos en la autonomía de los órganos electorales y en el equilibrio democrático, lo que mantiene abierto el debate político.
En términos económicos, la reducción de costos en el sistema electoral podría liberar recursos públicos para otros rubros prioritarios como infraestructura, salud o programas sociales, lo que adquiere relevancia en un contexto de presión fiscal y necesidad de eficiencia gubernamental.
Para estados como Veracruz, que formaron parte de los congresos que avalaron la reforma, el impacto se reflejará en ajustes a sus estructuras legislativas y presupuestales, lo que podría modificar la dinámica política local en los próximos años.
Con la declaratoria de constitucionalidad, el Plan B entra en su fase final antes de su implementación, consolidándose como una de las reformas políticas más relevantes de 2026 y como un eje central en la estrategia del gobierno federal para redefinir el sistema electoral mexicano.