Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México | 15 de abril de 2026
A contrarreloj, la industria de telecomunicaciones en México intensificó el llamado a los usuarios para cumplir con el registro obligatorio de líneas móviles antes del 30 de junio de 2026, fecha límite establecida por autoridades, ya que de no hacerlo, las líneas podrían ser suspendidas en todo el país.
Empresas del sector, agrupadas en organismos como la Asociación Nacional de Telecomunicaciones y operadores móviles virtuales, han reforzado campañas para incentivar el registro, ante el lento avance del proceso y la presión por cumplir con la regulación vigente. Este padrón busca que cada número telefónico esté vinculado a la identidad del usuario mediante datos como la CURP, con el objetivo de combatir delitos como la extorsión.
De acuerdo con lineamientos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación, millones de usuarios deben completar el trámite antes del cierre de junio, ya que a partir del 1 de julio de 2026 las líneas no registradas podrán ser desactivadas, limitando su uso únicamente a llamadas de emergencia.
El desafío logístico es significativo si se considera que México cerró 2025 con más de 160 millones de líneas móviles activas, lo que implica registrar cerca de un millón de números al día para cumplir con el plazo, una meta que especialistas califican como compleja en términos operativos.
Aunque el gobierno federal ha defendido la medida como una herramienta para reducir delitos telefónicos —que en algunos periodos han registrado decenas de víctimas diarias—, el proceso también ha generado inquietudes entre usuarios y organizaciones por temas relacionados con la protección de datos personales y la viabilidad técnica del sistema.
Desde el punto de vista económico, el registro masivo representa un reto para las empresas de telecomunicaciones, que deben invertir en plataformas digitales, centros de atención y procesos de verificación para cumplir con la regulación. Al mismo tiempo, la posible suspensión de líneas podría impactar la conectividad, especialmente en sectores informales o regiones rurales donde el celular es la principal herramienta de comunicación y actividad económica.
En estados como Veracruz, donde la dispersión poblacional y la actividad comercial dependen en gran medida del acceso a telefonía móvil, el cumplimiento del registro será clave para evitar afectaciones en la vida cotidiana y en cadenas productivas locales.
A medida que se acerca la fecha límite, la presión sobre usuarios y operadores aumenta, en un proceso que no solo definirá el futuro de la conectividad en México, sino también el equilibrio entre seguridad pública, derechos digitales y desarrollo tecnológico.