Edgar Sandoval Pérez
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“Un aumento de apenas 5% en productividad puede valer más que incrementar la nómina: la diferencia está en profesionalizar al gobierno.”
Durante años hemos discutido cuánto cuesta el gobierno. Tal vez deberíamos empezar a discutir cuánto cuesta un gobierno que no aprende. Un trámite capturado dos veces, un expediente mal integrado, una licitación que debe corregirse, horas buscando información que podría procesarse en minutos, servidores públicos que desconocen nuevas herramientas digitales o directivos que toman decisiones sin indicadores. Todo eso también cuesta dinero público, aunque rara vez aparezca como una partida presupuestal.
La dimensión del asunto es enorme. Al cierre de 2024, México tenía 3 millones 928 mil 586 personas servidoras públicas en las administraciones federal y estatales. Veracruz merece especial atención: su administración pública estatal registró 187 mil 303 trabajadores, equivalentes al 8.4% de todo el personal de los gobiernos estatales del país. Sólo el Estado de México tiene más. Por eso, capacitar no debería entenderse como enviar funcionarios a cursos para acumular constancias. Debe entenderse como inversión en productividad gubernamental.
La evidencia internacional ayuda a dimensionarlo. Un estudio publicado por la OCDE encontró que la capacitación adicional produjo mejoras en productividad, ventas y valor agregado generalmente de 5% y, en algunos casos, alrededor de 10% o más. Es evidencia empresarial, no una medición directa del gobierno mexicano, pero proporciona un parámetro útil sobre lo que puede producir el desarrollo efectivo de habilidades.
México ni Veracruz cuentan con una tasa oficial universal que permita decir que cada peso destinado a capacitación gubernamental genera automáticamente determinada cantidad de pesos. Pero podemos construir un ejercicio conservador: si capacitar a una organización costara el equivalente al 1% de su nómina anual y consiguiera elevar apenas 5% su productividad, cada peso invertido estaría generando aproximadamente cinco pesos de capacidad productiva adicional. Incluso si el costo fuera equivalente al 2% de la nómina, la relación sería de alrededor de 2.5 pesos por cada peso invertido.
Llevémoslo a Veracruz. Si una mejora de habilidades consiguiera elevar solamente 5% la productividad promedio de sus 187 mil 303 trabajadores estatales, matemáticamente estaríamos hablando de capacidad adicional equivalente al trabajo de aproximadamente 9 mil 365 personas, sin aumentar la plantilla en esa proporción. A escala nacional, ese mismo ejercicio equivaldría a la capacidad productiva de cerca de 196 mil servidores públicos adicionales.
El Banco Mundial acaba de insistir en esta dirección: la capacitación práctica, combinada con aprendizaje en el puesto y resolución de problemas reales, puede mejorar el desempeño de los funcionarios; experiencias experimentales en Ghana encontraron mejoras en la productividad autopercibida de servidores públicos mediante capacitación orientada a la acción.
En Irlanda, por ejemplo, OneLearning centralizó la capacitación común de 44 organismos y alrededor de 42 mil 500 servidores públicos, reduciendo duplicidades y ampliando el acceso a formación de calidad. En la OCDE, 68% de los países consultados cuenta con estrategias centrales de aprendizaje y desarrollo para su servicio público.
Porque un servidor público mejor preparado no solamente sabe más. Resuelve más rápido, se equivoca menos y le cuesta menos al ciudadano. Y quizá ahí esté la verdadera discusión: en la administración pública, ahorrar no siempre significa gastar menos. A veces significa invertir mejor en quien toma decisiones y presta el servicio.