Un reportaje del diario israelí The Marker afirma que el expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido hasta 25 millones de dólares en sobornos, entre 2012 y 2018, de parte de dos empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, en el contexto de contratos relacionados con la exportación del malware Pegasus en México .
El medio basa sus revelaciones en un laudo arbitral sellado en 2024 por un panel de jueces bajo la ley del Torá y posteriormente revisado por un tribunal civil israelí. De acuerdo con este documento, Neriah y Ansbacher acordaron “invertir” en una figura de alto nivel en la administración mexicana, identificada implícitamente como Peña Nieto, a cambio de asegurar contratos gubernamentales ligados a Pegasus.
Según fuentes que colaboraron con The Marker, una parte de esos fondos se empleó en gastos políticos asociados a la campaña de 2012, en la que Peña Nieto resultó electo presidente. Neriah, identificado como el principal contacto con Peña Nieto, habría actuado como enlace directo por medio de un arbitraje resultante de un conflicto interno entre los empresarios.
Las acusaciones incluyen que Neriah fue nombrado cónsul honorario en Haifa, cargo que facilitó su acceso a autoridades mexicanas, y que el acuerdo de sobornos buscaba repartir el poder de influencia entre ambos empresarios dentro del gobierno federal y entidades estatales.
Hasta ahora, Peña Nieto —quien reside en Madrid y Punta Cana tras salir de México— no ha emitido pronunciamiento oficial. Tampoco se conoce respuesta por parte de Neriah o Ansbacher, aunque el arbitraje se centró en dilucidar el reparto de beneficios entre los dos y señaló la existencia de una disputa sobre la devolución de una parte del monto a Ansbacher.
Las implicaciones de estos posibles sobornos son múltiples: potencian cuestionamientos sobre el uso de Pegasus para vigilancia estatal, refuerzan señalamientos anteriores de uso indebido del software —como espionaje a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos— y reavivan la percepción de opacidad en la relación entre poder político y contratistas durante ese sexenio.
El reporte israelí pone en el centro del debate a Peña Nieto y su entorno, y añade presión sobre las autoridades mexicanas para esclarecer si existen fundamentos legales para abrir una investigación formal sobre los presuntos sobornos.