Ángel Toledo Tolentino
El Estado mexicano ha vuelto a reclamar papel como gestor de la política industrial. Tras décadas donde el mercado dictó las reglas, el “Plan México” aparece como una declaración en contra del estancamiento económico. La ambición es total y clara: fabricar nuestras propias vacunas mRNA, poner en las calles un auto eléctrico “Olinia” y convertirnos en el centro logístico de los semiconductores que las grandes potencias se disputan en un escenario geopolítico de alta incertidumbre, donde el tener acceso a las cadenas se suministro es cuestión de seguridad nacional. No obstante, preocupa la distancia en las medidas propuestas y su capacidad para alterar la realidad manufacturera.
El gobierno ha fijado una meta que roza lo milagroso: elevar la inversión al 28% del PIB para el 2030. Es una cifra que se dice fácil en una mañanera o en un foro de industriales, pero que choca de frente con el reciente reporte del Banco Mundial. El organismo advierte que, incluso si todos los astros se alinean, estas intervenciones a escala mundial suelen dejar una ganancia de apenas el 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior, no es una declaración pesimista, sino una cuestión de escala y de realismo.
Autores como Mariana Mazzucato y Dani Rodrik coinciden que el Plan México no tiene del todo claro lo siguiiente: el apoyo del Estado no puede ni debe ser un cheque en blanco. Si el gobierno pretende que el 50% de las compras públicas quede en manos de empresas mexicanas, es necesario que se establezcan las disposiciones correspondientes para que sus utilidades sean reinvertidas en el país, así como una mejora salarial para sus trabajadores y exporten tecnología, solo se estará subsidiando a un grupo de empresarios improductivos, con poca hambre en conquistar los mercados internacionales.
Respecto a la formación de capital humano, el programa proyecta la titulación de 150 mil profesionales anuales y la cobertura total de la educación técnica. No obstante, se observa que la generación de personal capacitado no ocurre por decreto. La absorción de este talento por el mercado laboral depende de factores estructurales y de un corte en la inversión en infraestructura básica. Así también, el déficit en el suministro ininterrumpido de energía eléctrica y la inseguridad en las redes de transporte representan el total de los obstáculos básicos para la integración de profesionales en sectores de alta tecnología.
Existe una referencia en los años setenta en el uso de aranceles para proteger al calzado y al textil. Es una medicina que suele tener efectos secundarios y persistentes. Cuando cerramos la puerta a la competencia bajo el pretexto de ayudar a la industria local, el que termina pagando la cuenta es el ciudadano que va al mercado a comprar unos tenis para su hijo. La soberanía industrial no debería ser un impuesto para las familias con menos recursos. Si vamos a proteger a un sector, tiene que ser con una fecha previamente establecida. El “auto Olinia” es el símbolo perfecto de esta encrucijada. Podría ser el inicio de una cadena de valor tecnológica o terminar como un costoso experimento si no entendemos la complejidad de la electromovilidad.
El Plan México tiene una oportunidad de oro si se entiende que el Estado no sustituye al mercado, por el contrario, lo complementa, al momento de servir como arquitecto central. Una política industrial sin métricas de éxito y sin cláusulas de salida es una receta para el estancamiento. El futuro no se decreta, se construye con rigor, paciencia y, sobre todo, con una meta clara estipulada desde su planteamiento.
Referencias
Fernandes, A. M., & Reed, T. (2026). Industrial Policy for Development: Approaches in the 21st Century. World Bank Group.
Mazzucato, M., & Rodrik, D. (2026). Industrial policy with conditionalities: A taxonomy and sample cases. Industrial and Corporate Change, 00(00), 1–27. https://doi.org/10.1093/icc/dtaf063
Secretaría de Economía. (2025). Plan México [Primer Borrador]. Gobierno de México