El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles 9 de julio de 2025 que impondrá un arancel del 50 % sobre las importaciones de cobre, con entrada en vigor a partir del 1 de agosto de este año. Según afirmó en su plataforma Truth Social, la decisión se basa en una “rigurosa evaluación de seguridad nacional” y responde a la necesidad de fortalecer la cadena interna de producción de un metal vital para sectores como semiconductores, defensa, energía y transporte.
Contexto y alcance de la medida
Esta acción se inscribe en un paquete arancelario más amplio impulsado desde abril con el llamado “Día de la Liberación”, que ya incluyó gravámenes sobre acero, aluminio, automóviles, semiconductores y medicamentos. El cobre, en particular, ha visto dispararse los futuros en la bolsa Comex, alcanzando máximos históricos tras el anuncio
Cinco Días. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, incluso señaló que, en función de la evaluación del proceso, la medida podría implementarse antes del 1 de agosto.
Estados Unidos importa cerca del 40 % de su consumo de cobre, proveniente principalmente de países como Chile, México y Canadá. Los gobiernos de esas naciones, especialmente Chile, han manifestado que no han recibido información oficial ni órdenes ejecutivas formales al momento, aunque sí están
Implicaciones económicas y geopolíticas
Desde el punto de vista de seguridad nacional, Trump justifica la medida por el rol estratégico del cobre en industrias clave: vehículos eléctricos, infraestructura, centros de datos, radar, misiles y sistemas hipersónicos.
Sin embargo, expertos y analistas advierten sobre sus efectos a nivel macroeconómico. La dependencia de EE.UU. de las importaciones podría presionar la inflación interna, encareciendo los costos de construcción, telecomunicaciones y productos tecnológicos . Asimismo, existe riesgo de escalada en la guerra comercial si los países afectados adoptan medidas de represalia en otros sectores.
¿Qué sigue?
El arancel entrará en vigor el 1 de agosto de 2025, salvo que se logren acuerdos bilaterales antes de esa fecha. Autoridades chilenas y de otros países esperan definiciones sobre posibles exenciones o condiciones especiales. No obstante, se anticipan negociaciones diplomáticas y, eventualmente, la reacción de los principales exportadores, que podrían adoptar acciones comerciales recíprocas.