Ciudad de México. El gobierno federal endureció su postura frente a los incrementos en combustibles y ordenó una mayor fiscalización en estaciones de servicio, luego de detectar aumentos en el precio de la gasolina magna pese a los apoyos fiscales y a los acuerdos alcanzados con distribuidores. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Profeco a revisar desde este 6 de abril a las gasolineras que vendan por encima de lo pactado y advirtió que podría haber sanciones para quienes incumplan.
La decisión ocurre en un entorno de presión internacional sobre los energéticos. El gobierno mexicano intenta contener el impacto con dos mecanismos: mayores estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y acuerdos con el sector para mantener la gasolina regular cerca de 24 pesos por litro. En paralelo, también se empuja un precio de referencia para el diésel de alrededor de 28.28 pesos por litro, combustible clave para el transporte de mercancías y, por tanto, para los costos logísticos y la inflación.
El costo fiscal de esta estrategia ya es significativo. Sheinbaum señaló que el descuento al IEPS representa cerca de 5,000 millones de pesos semanales que el erario deja de captar para amortiguar el alza en los combustibles. Para la semana del 4 al 10 de abril, Hacienda mantuvo estímulos de 31.34% para la gasolina magna, 18.48% para la premium y 81.20% para el diésel, en una señal de que la presión internacional sobre los precios sigue siendo elevada.
La preocupación no es menor. El repunte del petróleo internacional, en medio de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, ha elevado los costos energéticos y complica la capacidad del gobierno para sostener indefinidamente los subsidios. El precio del Brent se mantiene alrededor de 110 dólares por barril, mientras México continúa importando cerca de la mitad de su consumo interno de energéticos, lo que vuelve más sensible al mercado local frente a choques externos.
Además del frente fiscal, el efecto inflacionario ya comienza a reflejarse en las expectativas. De acuerdo con la encuesta más reciente de Banxico, la previsión de inflación para el cierre de 2026 subió a 4.21%, en un contexto donde combustibles, costos de transporte y presiones externas vuelven a ocupar el centro de la discusión económica.
En este contexto, el mensaje político y económico del gobierno busca ser doble: contener el malestar de los consumidores y evitar que los incrementos en combustibles se conviertan en un nuevo detonante inflacionario. La vigilancia reforzada sobre las gasolineras no sólo apunta a frenar abusos de precios, sino también a sostener la narrativa de estabilidad en un momento en que el margen fiscal se estrecha y el costo de los subsidios energéticos comienza a pesar más sobre las finanzas públicas.