Durante los últimos 24 años, México transitó de la construcción masiva de unidades habitacionales a un fenómeno de abandono y ocupación irregular en zonas residenciales planificadas. Según un análisis del “Atlas del Abandono de Vivienda” de Infonavit de 2015, se detectaron 224 847 viviendas abandonadas en 378 municipios, generando un saldo pendiente de casi 70 000 millones de pesos, lo que equivale a un promedio de 238 000 pesos por unidad.
Las principales desarrolladoras de vivienda social —como Homex, GEO y Urbi— dejaron alrededor de 365 conjuntos urbanos en abandono para 2015. La raíz del problema se atribuye a políticas impulsadas desde el sexenio de Vicente Fox, que trasladaron al sector privado la decisión sobre ubicación, priorizando terrenos baratos pero aislados, carentes de servicios públicos y alejados de centros de trabajo, educación y salud.
Este patrón generó una sobreoferta de vivienda social en zonas desconectadas, lo que resultó insostenible económicamente para muchas familias. El abandono, la construcción incompleta y la posterior ocupación irregular fueron consecuencias previsibles.
Los municipios más afectados incluyen Ciudad Juárez, Tijuana, Tlajomulco de Zúñiga, Zumpango y Reynosa. En las zonas conurbadas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara también se registra un alto número de viviendas deshabitadas.
Los factores identificados incluyen la falta de servicios básicos, acceso laboral limitado, inseguridad legal o física, decisiones de compra sin intención habitacional, mala calidad constructiva, riesgos naturales y sociales, así como desinformación y ausencia de una planificación integral.
El fenómeno plantea serios desafíos de planeación urbana y social: se requiere replantear la política de vivienda, privilegiar la localización, integrar servicios esenciales y fomentar vínculos comunitarios y económicos para evitar que la vivienda social se convierta en un problema estructural.