Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 25 de marzo de 2026
Los gobiernos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo acordaron una estrategia conjunta para combatir delitos de alto impacto como la tala ilegal, el robo de hidrocarburos —conocido como huachicol— y el asalto al transporte de carga, en una región que concentra algunos de los mayores niveles de incidencia delictiva vinculada a estas actividades en México.
El acuerdo interinstitucional busca fortalecer la coordinación entre fuerzas estatales y federales en una zona estratégica del país, donde confluyen corredores industriales, carreteros y energéticos clave. Tan solo en el arranque de 2026, se han registrado 1,972 delitos relacionados con hidrocarburos a nivel nacional, con Puebla e Hidalgo encabezando la incidencia, lo que evidencia la magnitud del problema en esta franja territorial.
El llamado “triángulo rojo”, que abarca principalmente zonas de Puebla, Veracruz e Hidalgo, ha sido históricamente uno de los epicentros del huachicol debido a su cercanía con ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su conectividad logística. En estos territorios, el robo de combustible no solo representa un delito, sino una economía paralela que afecta directamente las finanzas públicas y la seguridad regional.
Los operativos recientes reflejan la presión creciente sobre estas actividades ilícitas. En Puebla, por ejemplo, la Secretaría de Marina ha logrado desactivar al menos 50 tomas clandestinas en lo que va de 2026, mientras que aseguramientos de hidrocarburos y unidades robadas continúan en corredores como Puebla-Orizaba, una de las rutas más utilizadas por grupos delictivos.
En Veracruz, la problemática también se extiende al robo de transporte de carga, particularmente en zonas industriales como Córdoba, donde se han reportado asaltos a tráileres en carreteras clave para el comercio nacional. Este tipo de delitos impacta directamente en las cadenas de suministro, elevando costos logísticos y afectando la competitividad de las empresas.
Desde una perspectiva económica, la coordinación entre los cuatro estados tiene implicaciones relevantes. El huachicol, por ejemplo, genera pérdidas millonarias para el Estado mexicano, estimadas en cientos de miles de millones de pesos anuales, además de distorsionar el mercado energético al introducir combustible ilegal a menor precio. A esto se suma el impacto del robo al transporte, que incrementa costos de seguros, encarece mercancías y reduce la eficiencia logística.
Asimismo, la tala ilegal afecta directamente a economías rurales y al sector forestal, generando daños ambientales que también tienen un costo económico a largo plazo, desde la pérdida de biodiversidad hasta la afectación de servicios ecosistémicos como el agua.
El acuerdo regional busca justamente atacar estas economías ilícitas desde un enfoque integral: inteligencia compartida, operativos coordinados y vigilancia en puntos estratégicos. La apuesta es que, al reducir la incidencia delictiva, se genere un entorno más favorable para la inversión, particularmente en sectores industriales y logísticos que dependen de la seguridad en carreteras y suministro energético.
Sin embargo, el reto es estructural. Estas actividades ilícitas han evolucionado hacia esquemas más sofisticados, incluyendo redes de distribución, corrupción y vínculos con el crimen organizado, lo que exige no solo operativos, sino políticas sostenidas de desarrollo económico y fortalecimiento institucional.
En síntesis, la alianza entre Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo representa un intento por contener delitos que no solo afectan la seguridad, sino también la economía regional. Su éxito podría traducirse en mayor competitividad y atracción de inversiones, pero dependerá de la capacidad de mantener una estrategia coordinada frente a un fenómeno que ha demostrado alta capacidad de adaptación.