Rosy Wendoli Carrillo Ovando
Economista, Especialista en Comercio Exterior, Maestra en Economía Ambiental y Doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: desigualdad económica, complejidad económica, desarrollo sustentable y economía ambiental.
Contacto: roscarrillo@uv.mx
Hay un gasto que todos esperamos no tener que aprovechar: el seguro. Pagamos por una protección que quizá nunca necesitaremos y, cuando llega el momento de renovarla, es inevitable preguntarse si vale la pena seguir destinando dinero a algo que no hemos utilizado.
La respuesta puede cambiar después de una visita inesperada al hospital.
Una enfermedad que requiere atención médica, una operación o un tratamiento prolongado puede alterar por completo las finanzas de una familia. A las preocupaciones por la salud se suman las cuentas del hospital, los medicamentos y, en ocasiones, los ingresos que dejan de percibirse cuando alguien debe interrumpir su trabajo.
Quienes disponen de ahorros, seguridad social o un seguro con cobertura suficiente cuentan con mayores posibilidades de enfrentar esos gastos. Para otros hogares, una emergencia puede significar utilizar el dinero destinado a la educación de sus hijos, solicitar préstamos o vender algún bien para cubrir el tratamiento.
Esta diferencia permite comprender una dimensión de la desigualdad económica a la que prestamos poca atención. Solemos comparar a las familias por sus ingresos, pero pocas veces consideramos cuánto tiempo podrían sostener sus gastos si dejaran de recibirlos o si tuvieran que enfrentar una emergencia.
La Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023, elaborada por el INEGI y la CONDUSEF, ofrece una aproximación a este problema. El 45.9 % de las personas adultas en México declaró que casi nunca o nunca le sobraba dinero al finalizar el mes. Además, el 34.6 % consideró que tenía poca o ninguna capacidad para enfrentar un gasto imprevisto.
Estas cifras ayudan a entender por qué ahorrar para una emergencia puede resultar tan complicado. Cuando el ingreso apenas alcanza para pagar la renta, comprar alimentos y cubrir los servicios del hogar, separar una cantidad para un acontecimiento incierto se vuelve una decisión difícil.
Una recomendación frecuente en materia de finanzas personales consiste en construir un fondo de emergencia. Sin embargo, muchas familias conocen perfectamente esa recomendación, pero sus ingresos no les permiten llevarla a la práctica.
En economía de la salud existe un concepto que permite comprender las consecuencias financieras de una enfermedad: el gasto de bolsillo. Se refiere al dinero que las personas pagan directamente para recibir atención médica, adquirir medicamentos, realizarse estudios o cubrir servicios que no son financiados por un seguro o un sistema de protección.
Una consulta privada, un medicamento que no está disponible en la institución pública de salud o una intervención médica que debe pagarse directamente son ejemplos de estos desembolsos. También pueden incluirse los deducibles y copagos que corresponden al paciente cuando utiliza un seguro.
En México, el gasto de bolsillo representa una parte considerable del financiamiento de la atención médica. De acuerdo con el informe Panorama de la Salud 2025, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los hogares mexicanos cubrieron directamente más de una tercera parte del gasto total en salud del país en 2023. Para el conjunto de los países integrantes de la organización, esta proporción fue inferior a una quinta parte.
Esto no significa que cada familia mexicana destine una tercera parte de su ingreso a servicios médicos. El indicador muestra qué proporción del gasto nacional en salud se financia mediante pagos directos de los hogares.
Cuando estos desembolsos superan la capacidad económica familiar, una enfermedad puede convertirse en un problema financiero que se prolongue mucho después de recibir el alta médica. Una deuda adquirida para pagar una hospitalización puede continuar generando intereses durante meses o años. Los ahorros utilizados para adquirir medicamentos dejan de estar disponibles para otros proyectos.
En los casos más graves, los pagos médicos pueden absorber una proporción tan elevada de los recursos familiares que ponen en riesgo la capacidad de cubrir otras necesidades. En economía de la salud, esta situación se estudia mediante el concepto de gasto catastrófico.
La Organización Mundial de la Salud utiliza, entre otros indicadores, umbrales del 10 % y del 25 % del ingreso o consumo total del hogar para medir la proporción de la población que enfrenta gastos catastróficos en salud. Existen otras metodologías que consideran los recursos disponibles después de cubrir necesidades básicas.
El problema adquiere una dimensión distinta cuando consideramos las diferencias entre los hogares. Un tratamiento de treinta mil pesos puede representar un desembolso manejable para una familia con ahorros suficientes y una carga financiera difícil de superar para otra que apenas logra cubrir sus gastos habituales. El costo del tratamiento es idéntico, pero sus consecuencias económicas pueden ser muy diferentes.
Los seguros permiten administrar parte de estos riesgos. Su funcionamiento consiste en reunir las aportaciones de muchas personas para cubrir las pérdidas de aquellas que experimentan determinados acontecimientos previstos en un contrato. Cada asegurado paga una prima a cambio de que la compañía asuma las obligaciones correspondientes cuando ocurre un evento cubierto.
Pagar una póliza durante varios años sin utilizarla no significa necesariamente haber desperdiciado el dinero. Durante ese periodo existió una protección frente a una posible pérdida económica, aunque el acontecimiento asegurado nunca se haya presentado.
Sin embargo, contratar un seguro privado no está al alcance de todos y tampoco garantiza que la totalidad de los gastos médicos quede cubierta. La protección financiera también depende del acceso a servicios públicos de salud, de la seguridad social y de la posibilidad de contar con ahorros para enfrentar situaciones inesperadas.
Una de las consecuencias de la desigualdad es que quienes tienen menos capacidad para absorber una pérdida económica pueden enfrentar mayores dificultades para financiar los mecanismos que les permitirían protegerse de ella. Un hogar sin ahorros puede necesitar un préstamo para pagar una emergencia y terminar destinando parte de sus ingresos futuros al pago de intereses.
Por eso, cuando analizamos las condiciones económicas de una familia, conviene observar algo más que su ingreso mensual. El patrimonio, las deudas, la estabilidad laboral y el acceso a servicios de salud pueden marcar diferencias importantes en su capacidad para enfrentar una crisis.
Dos hogares con ingresos semejantes pueden tener posibilidades muy distintas de recuperarse después de una enfermedad. Mientras uno logra cubrir los gastos y continuar con sus proyectos, otro puede necesitar años para pagar las deudas adquiridas durante la emergencia.
Quizá por eso, cuando hablamos de desigualdad, convendría preguntarnos cuánto tiempo puede sostenerse una familia cuando algo sale mal. Porque enfermarse puede tener un costo muy diferente para quienes cuentan con una red de protección y para quienes deben enfrentar cada emergencia con los recursos que tienen a mano.