El Programa de Vivienda para el Bienestar generará una derrama económica equivalente a alrededor de 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que la construcción de vivienda social también funciona como un motor de empleo y actividad económica.
Durante su conferencia matutina de este 14 de septiembre, la mandataria señaló que el programa contempla beneficiar a aproximadamente 12 millones de familias durante el sexenio mediante construcción de nuevas viviendas, mejoramientos, reestructuración de créditos y regularización de propiedades.
La estrategia tiene como una de sus principales metas la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas, además de 1.8 millones de acciones de mejoramiento y la reestructuración de millones de créditos. El objetivo es ampliar el acceso a una vivienda adecuada para sectores con menores ingresos y, al mismo tiempo, generar actividad en la industria de la construcción y en las cadenas productivas relacionadas.
El avance reportado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) muestra que ya se han contratado más de 667 mil viviendas en 766 proyectos, equivalentes a 37 por ciento de la meta sexenal. La inversión acumulada para estos proyectos asciende a 75.9 mil millones de pesos, de acuerdo con el balance presentado por la dependencia.
Además del impacto habitacional, la política de vivienda tiene un efecto directo sobre el empleo debido a la demanda de materiales, transporte, servicios profesionales y mano de obra. Sheinbaum estimó que las acciones desarrolladas por los organismos públicos de vivienda han generado alrededor de 2.4 millones de empleos durante su administración.
El programa también contempla la participación de organismos como la Comisión Nacional de Vivienda, el Infonavit y el Fovissste, con diferentes esquemas dirigidos a personas con y sin seguridad social. El Programa Nacional de Vivienda 2026-2030 establece como uno de sus ejes ampliar el acceso a viviendas adecuadas y mejorar las condiciones habitacionales de la población.
Desde la perspectiva económica, el impulso a la vivienda busca generar un efecto multiplicador que trascienda la construcción de casas, debido a que cada proyecto demanda cemento, acero, instalaciones, acabados, servicios de transporte y diversos insumos producidos por empresas nacionales. Esto permite que la inversión pública tenga efectos sobre distintas ramas de la economía.
Con una meta de 1.8 millones de viviendas nuevas y una derrama estimada en 1.2 por ciento del PIB cada año, el Gobierno de México plantea que la política habitacional sea también una herramienta para fortalecer el empleo, dinamizar la construcción y ampliar el acceso de las familias a una vivienda adecuada.