Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México| 13 de agosto de 2026
El Gobierno de México busca que se investigue y, en su caso, se apliquen sanciones penales por la muerte de 17 mexicanos ocurrida durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con la información oficial citada por medios nacionales, de los 17 casos registrados, 14 corresponden a personas que fallecieron en centros de detención y tres durante operativos de autoridades migratorias estadounidenses. Ante estos hechos, México decidió llevar los casos de la vía diplomática a las instancias judiciales de Estados Unidos.
El canciller Roberto Velasco explicó que se han presentado 20 denuncias ante autoridades estadounidenses, relacionadas con los fallecimientos y otros hechos vinculados con la actuación de agentes migratorios o empresas privadas encargadas de centros de detención. Las investigaciones buscan determinar si existieron responsabilidades penales en alguno de los casos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las autoridades mexicanas buscan esclarecer las circunstancias de cada muerte y que, si se acredita alguna conducta delictiva, los responsables deben enfrentar las consecuencias correspondientes. La estrategia representa un endurecimiento de la postura mexicana frente a las condiciones en las que han fallecido connacionales durante procesos migratorios en Estados Unidos.
Hasta ahora, México mantiene abiertas las gestiones para obtener información de las autoridades estadounidenses y dar seguimiento a las investigaciones. La SRE también ha participado en la repatriación de los cuerpos y en el acompañamiento de las familias afectadas.
El caso ocurre en un contexto de mayor presión migratoria en Estados Unidos y de cuestionamientos sobre las condiciones de detención bajo ICE. Para el Gobierno mexicano, el objetivo es que los 17 casos sean investigados de manera individual y que, cuando existan elementos, se determinen responsabilidades ante las autoridades judiciales estadounidenses.