Por: Redacción El Censal |Xalapa, Veracruz| 28 de septiembre de 2026
El Congreso de Veracruz analiza una serie de reformas para fortalecer la protección y el bienestar de los animales, así como endurecer las herramientas legales para atender y sancionar casos de maltrato y crueldad en la entidad.
De acuerdo con información de Más Noticias, las modificaciones podrían ser aprobadas próximamente e incluirían cambios al Código Penal, la Ley Estatal de Protección Ambiental y otros ordenamientos relacionados con la protección animal. La propuesta busca actualizar el marco jurídico estatal y mejorar la capacidad de las autoridades para actuar ante situaciones de violencia o abandono.
El tema se suma a modificaciones recientes en Veracruz. En noviembre de 2025, el Congreso estatal aprobó reformas constitucionales para reconocer expresamente a los animales como seres sintientes sujetos de protección especial, estableciendo obligaciones para garantizar su bienestar y promover una convivencia respetuosa.
A nivel municipal también se han realizado ajustes. En Xalapa, por ejemplo, el Cabildo reformó en agosto de 2026 el Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales para ampliar las facultades de las Brigadas de Vigilancia Animal y permitir acciones y sanciones administrativas ante casos de maltrato. Además, se mantienen campañas de esterilización y vacunación para perros y gatos.
Como parte de esta política, la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz también impulsa jornadas de esterilización canina y felina, mediante la entrega de medicamentos e insumos a los ayuntamientos. El programa busca contribuir al control sanitario y reducir el abandono y maltrato de animales de compañía.
La dependencia estatal mantiene además un Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales Afines, cuyo registro es permanente y gratuito, con el propósito de identificar a las organizaciones que trabajan en materia de bienestar animal y fortalecer la coordinación con las autoridades.
Las nuevas reformas estatales se incorporarían así a un marco jurídico que en los últimos años ha ampliado las obligaciones de las autoridades y de las personas responsables de animales, con énfasis en la prevención del maltrato, la atención de denuncias y el trato digno.