Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 9 de febrero de 2026
En el marco de las festividades de La Candelaria en Ixhuatlancillo, se documentó la matanza de tres toros en una corrida taurina que fue celebrada públicamente por la Presidencia Municipal, generando un fuerte rechazo entre activistas de derechos animales y ciudadanos críticos de las autoridades municipales.
Según las notas periodísticas, durante el evento tradicional tres toros murieron tras ser utilizados en espectáculos taurinos, y el gobierno municipal encabezado por José Manuel González Nicolás, militante del Partido del Trabajo (PT), difundió imágenes y mensajes que parecían celebrar estos hechos como parte de la fiesta patronal.
El episodio ha sido ampliamente criticado por defensoras y defensores de animales quienes consideran que estas prácticas constituyen maltrato animal y que su promoción desde el gobierno municipal es contraria a la tendencia nacional y estatal hacia la protección de los seres sintientes.
Este acontecimiento cobra relevancia porque ocurre en contraste con iniciativas recientes del Congreso de Veracruz que han presumido avances en legislación y políticas en favor del bienestar animal, lo que ha motivado llamados públicos para que se investigue y, de ser el caso, se sancione a las autoridades municipales responsables por permitir o promover estos actos.
La contradicción entre el discurso oficial de protección animal a nivel estatal y la conducta celebratoria de las autoridades locales ha intensificado la exigencia de castigo y responsabilidad jurídica para quienes promovieron y difundieron la muerte de los animales como algo festivo en un evento oficial.
El caso de Ixhuatlancillo también reabre la discusión sobre las prioridades de la administración municipal en un contexto donde las necesidades sociales son profundas y persistentes. El municipio enfrenta desafíos estructurales importantes, incluidos rezagos en servicios básicos, acceso a salud, infraestructura y oportunidades económicas para la población. Estos desafíos son síntomas de desigualdades territoriales que, de acuerdo con informes de desarrollo social, colocan a la región en condiciones de vulnerabilidad comparadas con otras localidades de Veracruz.
Para analistas de política pública, celebrar públicamente actos de maltrato animal desde la Presidencia Municipal no solo es un tema ético, sino un signo de desalineación con las prioridades urgentes de desarrollo social que la ciudadanía demanda. Señalan que los recursos y la atención del gobierno deberían enfocarse integralmente en fortalecer servicios e infraestructura para mejorar la calidad de vida, en lugar de promover eventos que hoy son vistos por amplios sectores como cuestionables y contrarios al bienestar animal.
Organizaciones civiles han solicitado formalmente a las autoridades estatales —incluida la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y la propia Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz— que evalúen el actuar del ayuntamiento de Ixhuatlancillo para determinar si hubo violaciones a normativas de protección animal o abuso de autoridad. Asimismo, piden que se implementen castigos proporcionales y ejemplares contra quienes aprobaron o celebraron la realización del evento.
Más allá del debate sobre tradiciones culturales, la exigencia ciudadana apunta a que los gobiernos municipales actúen con sensibilidad, apego a la ley y respeto hacia la vida y bienestar de los animales, y que cuando se detecten violaciones a estos principios, las autoridades competentes apliquen medidas de sanción sin dilación.
En un contexto donde crece la conciencia social sobre los derechos de los animales y donde las leyes evolucionan en esa dirección, la gestión del alcalde de Ixhuatlancillo y el papel del PT en este municipio están bajo escrutinio, mientras se espera que se clarifiquen responsabilidades y se proceda a sanciones en caso de confirmarse irregularidades en la promoción y celebración de estas prácticas.
