Ciudad de México. El Gobierno federal empuja un segundo acuerdo con gasolineros para contener el precio del diésel y evitar que el alza internacional de los energéticos termine trasladándose a la inflación en México. La estrategia combina estímulos fiscales al IEPS y negociaciones con el sector privado para mantener el litro alrededor de 28.30 pesos, en un momento en que el combustible clave para el transporte de mercancías enfrenta fuertes presiones por el encarecimiento del petróleo.
La presión sobre el diésel no es menor. De acuerdo con información reciente, el apoyo fiscal vigente alcanza 70.28%, equivalente a 5.17 pesos por litro, con el objetivo de impedir que el combustible rebase la barrera de los 30 pesos. La lógica económica detrás de la medida es clara: si sube con fuerza el diésel, aumenta el costo del transporte de carga y, con ello, se encarecen alimentos, insumos industriales y mercancías de consumo diario.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, tras el acuerdo aplicado a la gasolina magna, ahora se busca profundizar una ruta similar para el diésel mediante convenios voluntarios con estaciones de servicio. El objetivo es bajar y estabilizar el precio sin provocar un choque abrupto en las finanzas públicas, en medio de un entorno internacional marcado por la volatilidad petrolera y la tensión geopolítica.
El fondo del problema está en la inflación. El INEGI reportó que la inflación anual en la primera quincena de marzo se ubicó en 4.63%, un nivel todavía por encima del objetivo permanente de Banco de México. Aunque ese dato aún no reflejaba por completo el impacto reciente del encarecimiento de los combustibles, Hacienda ha dejado claro que mantendrá medidas de estabilización para limitar el efecto sobre costos de transporte, producción y poder adquisitivo de los hogares.
El costo fiscal de esta política existe, porque mayores estímulos implican menor recaudación por IEPS. Sin embargo, el Gobierno apuesta a que una parte del golpe pueda amortiguarse con mayores ingresos petroleros derivados del repunte del crudo. En los Pre-Criterios enviados al Congreso, Hacienda estima para 2026 un precio promedio de la mezcla mexicana de 77.3 dólares por barril, aunque reconoce que persiste una elevada incertidumbre por el entorno internacional.
En términos económicos, la apuesta oficial busca ganar tiempo y contener expectativas. Si el acuerdo con gasolineros logra sostener el diésel cerca de 28.30 pesos y el estímulo fiscal sigue operando, México podría amortiguar un nuevo impulso inflacionario en plena fase de desaceleración económica. Pero si el petróleo continúa escalando o la contención voluntaria pierde fuerza, la presión sobre precios y finanzas públicas podría intensificarse en las próximas semanas.