Por: Redacción El Censal | Ciudad de México, México | 05 de abril de 2026
La discusión sobre la crisis de desapariciones en México volvió al centro del debate público luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respondiera a un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazando que en la actualidad la desaparición forzada sea una política de Estado. El posicionamiento surge en un contexto marcado por más de 110 mil personas desaparecidas en el país, de acuerdo con cifras oficiales acumuladas en los últimos años.
El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU generó controversia al advertir que en México persisten patrones graves y sistemáticos de desapariciones, además de señalar deficiencias en las investigaciones, la identificación de víctimas y la atención a familiares. Estas observaciones reavivaron las críticas sobre la capacidad del Estado mexicano para atender una de las crisis humanitarias más profundas de su historia reciente.
En respuesta, la CNDH aseguró que, si bien el fenómeno de las desapariciones sigue siendo una problemática grave, no puede considerarse actualmente como una política impulsada desde el Estado. El organismo sostuvo que existen esfuerzos institucionales para combatir este delito, incluyendo la creación de comisiones de búsqueda, marcos legales específicos y mecanismos de atención a víctimas.
No obstante, colectivos de familiares y organizaciones civiles han cuestionado esta postura, al considerar que la magnitud del problema, así como la impunidad persistente, reflejan fallas estructurales en las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos casos. Para ellos, más allá del debate conceptual sobre si se trata o no de una política de Estado, lo urgente es garantizar resultados efectivos en la localización de personas desaparecidas.
Especialistas en derechos humanos coinciden en que uno de los mayores retos es la falta de coordinación entre autoridades, así como la insuficiencia de recursos y capacidades técnicas en fiscalías y servicios forenses. A esto se suma la revictimización de familiares, quienes en muchos casos asumen tareas de búsqueda ante la falta de respuestas oficiales.
El tema también ha tenido implicaciones en el ámbito internacional, ya que organismos como la ONU han insistido en la necesidad de que México fortalezca sus mecanismos de rendición de cuentas y garantice investigaciones independientes y transparentes. Las recomendaciones incluyen mejorar los registros de personas desaparecidas, agilizar procesos de identificación forense y reforzar la protección a defensores de derechos humanos.
Mientras tanto, el posicionamiento de la CNDH refleja una postura institucional que busca matizar las críticas internacionales, aunque el debate sigue abierto. La realidad en el país muestra que miles de familias continúan en la búsqueda de sus seres queridos, enfrentando un panorama complejo donde la exigencia principal sigue siendo verdad, justicia y no repetición.