Por: Redacción El Censal |Xalapa, Veracruz| 20 de marzo 2026
El Congreso del Estado de Veracruz se perfila como uno de los órganos legislativos mejor posicionados ante la nueva política de austeridad impulsada a nivel federal, luego de que se confirmara que ya cumple con el límite presupuestal del 0.7% del gasto estatal, uno de los ejes centrales del llamado Plan B de la reforma electoral.
De acuerdo con declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, el Poder Legislativo local no tendrá dificultades para ajustarse a la nueva normativa, ya que desde el inicio de la actual legislatura se implementaron medidas de contención del gasto que hoy lo mantienen dentro del margen establecido por la federación.
Este dato no es menor. El Plan B, promovido por el gobierno federal, plantea que los congresos estatales no deben rebasar ese 0.7% del presupuesto total de cada entidad, como parte de una estrategia para reducir el gasto político y generar ahorros públicos. En el caso de Veracruz, el cumplimiento anticipado de este parámetro no solo evita ajustes abruptos, sino que envía una señal de estabilidad financiera institucional.
Desde una perspectiva económica, el escenario es favorable. Mientras otros estados podrían enfrentar recortes o reestructuraciones presupuestales, Veracruz ya opera bajo un esquema de austeridad que le permite mantener el equilibrio sin comprometer su funcionamiento legislativo. Esto reduce riesgos de disrupciones administrativas y permite que los recursos públicos se canalicen de manera más eficiente hacia áreas prioritarias.
Además, la disciplina presupuestaria del Congreso veracruzano se alinea con una tendencia nacional orientada a disminuir el costo del aparato político. El Plan B también contempla limitar salarios de funcionarios, reducir regidurías y eliminar gastos considerados superfluos, lo que en conjunto podría traducirse en ahorros millonarios para estados y municipios.
En este contexto, la entidad se posiciona como un caso adelantado en la implementación de políticas de racionalización del gasto. Incluso, legisladores locales han señalado que las medidas aplicadas no solo han contenido el gasto, sino que han permitido generar economías internas sin afectar la operación legislativa.
A nivel macroeconómico, este tipo de ajustes contribuye a mejorar la calidad del gasto público, un factor clave para fortalecer las finanzas estatales en un entorno de presiones fiscales. La reducción de costos en el ámbito político abre espacio para reorientar recursos hacia inversión social, infraestructura o servicios públicos, lo que puede tener un efecto multiplicador en la economía local.
El cumplimiento del límite del 0.7% también refuerza la narrativa de gobernanza eficiente en Veracruz, en un momento en que la política nacional busca transitar hacia modelos más austeros. En lugar de representar una carga, la reforma podría consolidarse como una oportunidad para fortalecer la sostenibilidad financiera del estado.
Así, lejos de representar un reto, el Plan B electoral parece encontrar en Veracruz un terreno ya preparado, donde la disciplina fiscal no solo es una obligación normativa, sino una estrategia que podría traducirse en mayor eficiencia económica y confianza institucional.