Por: Redacción El Censal |Bolivia| 29 de julio de 2026
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en Bolivia, emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales Ayma, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, por su presunta responsabilidad en los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con los bloqueos carreteros y protestas registrados entre mayo y junio de este año. La decisión representa un nuevo capítulo en la crisis política boliviana y profundiza la confrontación entre el exmandatario y el actual Gobierno.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se centra en la presunta participación de Morales en la organización e impulso de bloqueos que paralizaron distintas regiones de Bolivia durante más de siete semanas. Las movilizaciones fueron encabezadas por sectores afines al exmandatario y tenían como una de sus principales demandas la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las autoridades sostienen que estas acciones provocaron afectaciones económicas, interrupciones en el suministro de alimentos y combustibles, además de hechos de violencia en distintos puntos del país.
La orden de aprehensión fue emitida tras la integración de elementos de prueba por parte del Ministerio Público, que considera que existen indicios suficientes para que el expresidente comparezca ante la justicia. Además de los delitos de terrorismo y alzamiento armado, la investigación contempla otras conductas relacionadas con las alteraciones al orden público ocurridas durante las protestas. La Fiscalía no ha precisado el momento en que se ejecutará la orden, aunque las autoridades señalaron que los cuerpos de seguridad ya fueron notificados para proceder conforme a la ley.
Tras conocerse la decisión judicial, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución política dirigida a impedir su participación en la vida pública boliviana. A través de sus redes sociales, afirmó que continuará con su actividad política y sostuvo que “no nos van a intimidar”, al tiempo que responsabilizó al Gobierno de utilizar el sistema judicial con fines políticos.
La confrontación entre Morales y el Gobierno boliviano se ha intensificado en los últimos años debido a diferencias políticas y disputas por el liderazgo del movimiento oficialista. Desde finales de 2024, el exmandatario permanece en la región del Chapare, su principal bastión político y sindical, donde ha permanecido resguardado ante diversos procesos judiciales abiertos en su contra.
Analistas consideran que esta nueva orden de captura podría incrementar la tensión política en Bolivia, donde persisten divisiones entre los distintos grupos del oficialismo y sectores afines a Morales. Las protestas y bloqueos de carreteras han tenido un impacto significativo en la economía boliviana, particularmente en el transporte de mercancías, el abastecimiento de combustibles y la actividad productiva, generando pérdidas millonarias para diversos sectores económicos.
La comunidad internacional mantiene atención sobre la evolución del caso debido a la relevancia política de Evo Morales en América Latina y al impacto que el proceso judicial podría tener en la estabilidad institucional de Bolivia. Organismos y observadores han señalado la importancia de que cualquier procedimiento se lleve a cabo con respeto al debido proceso, las garantías judiciales y el Estado de derecho.
Con la emisión de esta orden de captura, Evo Morales enfrenta uno de los procesos judiciales más relevantes desde que dejó la Presidencia en 2019. Mientras la Fiscalía sostiene que existen elementos para investigar su presunta responsabilidad en los bloqueos y hechos de violencia, el expresidente insiste en que las acusaciones responden a una estrategia de persecución política, por lo que el caso continuará siendo uno de los principales focos de atención en la agenda política boliviana.