Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México| 14 de septiembre de 2026
La propuesta de una nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca modernizar los registros de propiedad en México, incorporar predios que actualmente no están inscritos y actualizar los valores catastrales, medidas que podrían traducirse en un mayor pago de predial para algunos propietarios.
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados y plantea homologar los sistemas catastrales de estados y municipios, además de crear herramientas digitales para integrar información sobre las propiedades. El objetivo es ampliar la base tributaria sin modificar directamente la estructura de los impuestos.
Uno de los puntos centrales es la actualización de los valores catastrales, especialmente en zonas donde existe una diferencia considerable entre el valor registrado oficialmente y el precio comercial de los inmuebles. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2024 del INEGI citados por Expansión, los valores catastrales presentan una subestimación promedio de 45.4% frente a los valores comerciales.
Esto no significa que el predial vaya a aumentar automáticamente para todos los propietarios. El impuesto es de competencia municipal y su cálculo depende de los valores catastrales y de las tarifas establecidas en cada entidad. Sin embargo, una actualización de los registros y del valor de los inmuebles sí puede elevar la base sobre la que se determina el impuesto en determinados casos.
La propuesta también contempla incorporar al registro aquellos predios que actualmente no están inscritos, con lo que se ampliaría el universo de propiedades sujetas al control catastral y, potencialmente, a las obligaciones fiscales correspondientes. La intención oficial es que exista una mayor correspondencia entre la realidad inmobiliaria y los registros administrativos.
Otro componente es la creación de un identificador único para los inmuebles, un Plan Nacional Catastral y una Plataforma Nacional que permita homologar información entre diferentes autoridades. La digitalización también busca facilitar trámites como operaciones inmobiliarias, cambios de propietario y pagos relacionados con los inmuebles.
El impacto recaudatorio podría ser relevante para los municipios. Datos citados por Expansión con base en el IMCO señalan que en 2023 los gobiernos municipales recaudaron alrededor de 67 mil millones de pesos por concepto de predial, equivalente a 0.2% del PIB nacional. La diferencia frente a países latinoamericanos con mayor recaudación inmobiliaria refleja el potencial que existe para fortalecer este ingreso local.
Además del componente fiscal, la actualización catastral busca mejorar el ordenamiento territorial y generar información más precisa sobre el crecimiento de las ciudades. El debate se relaciona también con propuestas legislativas que plantean actualizar periódicamente los valores catastrales conforme al valor comercial y aprovechar parte del incremento en el valor de los terrenos generado por infraestructura, cambios de uso de suelo o desarrollo urbano.
La propuesta todavía debe seguir el proceso legislativo correspondiente, por lo que sus alcances pueden modificarse durante la discusión en el Congreso. Para los propietarios, el punto clave será determinar cómo se aplicen las nuevas reglas en cada municipio y cómo se traduzcan las actualizaciones catastrales en las tarifas del impuesto predial.
En términos generales, la reforma plantea modernizar el catastro, ampliar el registro de propiedades y fortalecer los ingresos municipales. El reto será equilibrar una mayor capacidad de recaudación con reglas claras, protección de datos personales y mecanismos que eviten que la actualización de valores inmobiliarios genere cargas desproporcionadas para los contribuyentes.