El conglomerado mexicano Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, denunció una presunta “extorsión fiscal” por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. A través de un comunicado, la compañía aseguró que las autoridades, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ejercen presiones indebidas con cargos dobles y excesivos destinados, según su declaración, a silenciar voces críticas y compensar supuestas deficiencias en las finanzas públicas.
En respuesta, la Procuraduría Fiscal de la Federación, representada por Grisel Galeano, reveló en la conferencia matutina del 27 de junio que Grupo Salinas enfrenta al menos 32 juicios fiscales iniciados entre 2008 y 2013, con adeudos superiores a 74 000 millones de pesos. La funcionaria enfatizó que se han seguido todos los procesos legales y aseguró que los tribunales han ratificado la legalidad de las actuaciones del SAT. Asimismo, la presidenta Sheinbaum advirtió que, con la renovación del Poder Judicial, se revisarán estos casos sin privilegios.
Por su parte, Grupo Elektra —una de las empresas del conglomerado— reiteró que dichos procedimientos fiscales constituyen una forma de presión política, acusando directamente a la procuradora Galeano de actuar fuera del Estado de derecho. Según el comunicado, los cargos representan una administración fiscal abusiva e ilegal —una “extorsión”— dirigida a le empresas de Salinas para acallar su crítica al gobierno .
El conflicto pone en evidencia la confrontación entre un grupo económico prominente y las autoridades fiscales, cuestionando la línea entre la fiscalización legítima y el uso político del aparato estatal.