El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó un programa que busca regularizar viviendas abandonadas e invadidas, sin vulnerar el derecho a la propiedad privada, ante un índice de morosidad que se ubicó en 17.78 % a marzo de este año.
Según el Infonavit, del censo inicial de 843 000 viviendas, se han verificado 168 000, de las cuales 145 000 están habitadas, mientras que 23 000 se encuentran vacías o vandalizadas. El director Octavio Romero expuso que el objetivo es recuperar aquellas viviendas adjudicadas por impago y habitadas por terceros, y ofrecer un esquema de renta con opción a compra a precio bajo según valor en libros, disponible para acreditados y no acreditados.
No obstante, el programa ha generado debate sobre sus límites legales. Gene Towle, de la consultora Softec, advirtió que primero debe acreditarse legalmente la propiedad del inmueble por parte del Infonavit, para evitar afectar derechos de terceros. Además, organizaciones empresariales han manifestado preocupación por el riesgo de “premiar actos ilegales” al legitimar la ocupación irregular.
Durante una conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el plan respetará plenamente la propiedad privada, recalcando que no se trata de desalojar ni de expropiar viviendas con dueños legítimos.
Algunos críticos sostienen que tal iniciativa representa una “bomba de tiempo” si no se implementa con claridad jurídica y transparencia. Por su parte, defensores del programa comparan el plan con mecanismos precedentes, donde el Infonavit vendía viviendas recuperadas mediante subastas o venta directa a particulares, como estrategia para reducir la cartera vencida.
El programa del Infonavit apuesta por una solución dual: aliviar la morosidad mediante la recuperación de viviendas abandonadas y ofrecerlas a ocupantes irregulares con un esquema accesible, siempre bajo el principio de legalidad y certeza jurídica. El éxito dependerá de una definición precisa de reglas de operación, un proceso judicial claro para adjudicarse inmuebles, y un equilibrio entre justicia social y respeto a los derechos patrimoniales.