XALAPA, VER. – A pesar de que la inseguridad se mantiene como la principal preocupación para casi el 60% de los veracruzanos, el estado de Veracruz se posicionó durante 2024 como una de las entidades que menor proporción de su riqueza gubernamental destina a funciones críticas como la seguridad pública y la impartición de justicia.
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) y reportes del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI, Veracruz presenta una marcada disparidad en la distribución de su gasto público, priorizando sectores como la educación sobre las funciones de orden y legalidad.
Los datos clave del reporte:
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Baja prioridad administrativa: El gasto asociado a actividades de gobierno —que incluye administración, impartición de justicia y seguridad— representó apenas el 26.2% del Valor Agregado Bruto (VAB) estatal, ubicando a Veracruz en los niveles más bajos a nivel nacional en este rubro.
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Contraste educativo: En sentido opuesto, el estado destinó el 59.2% de sus recursos a servicios educativos, siendo la tercera entidad con mayor inversión en este sector, solo por debajo de Sinaloa y Coahuila.
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Déficit en justicia: Mientras entidades como la CDMX y el Estado de México concentran el mayor presupuesto para sus Poderes Judiciales, Veracruz se mantiene rezagado en la asignación de recursos para la operatividad de juzgados y fiscalías.
El impacto en la ciudadanía
La falta de recursos se refleja en las estadísticas de victimización. Según la ENVIPE 2024, en Veracruz la “cifra negra” (delitos no denunciados o sin carpeta de investigación) alcanza un alarmante 96.3%.
Además, el costo del delito para los hogares veracruzanos ascendió a 10 mil millones de pesos anuales, de los cuales casi la mitad (46%) tuvo que ser absorbido por las familias en medidas preventivas como rejas, alarmas o cambio de cerraduras, ante la insuficiente respuesta institucional.
Percepción de inseguridad al alza
A finales de 2024 y principios de 2025, ciudades como Coatzacoalcos y Veracruz puerto han reportado picos en la percepción de inseguridad, con más del 66% de la población sintiéndose vulnerable. El reporte del INEGI sugiere que la estructura del gasto estatal sigue una inercia donde la seguridad no ha logrado obtener el peso financiero necesario para revertir estas tendencias.
