Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México| 10 de agosto de 2026
México fortaleció durante 2026 su sistema de prevención y combate al lavado de dinero con nuevas medidas regulatorias, una mayor coordinación entre autoridades financieras y ajustes a las obligaciones que deben cumplir instituciones y empresas consideradas vulnerables, en un contexto en el que el Gobierno federal busca elevar la capacidad de detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Uno de los cambios relevantes ocurrió el 27 de marzo de 2026, cuando se publicó la reforma al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado. La modificación forma parte de la actualización del marco mexicano de prevención de lavado de dinero y busca fortalecer los mecanismos de identificación, reporte y supervisión de operaciones consideradas de riesgo.
El endurecimiento de las reglas no se limita al sector bancario. El régimen mexicano contempla obligaciones tanto para instituciones financieras como para quienes realizan las denominadas Actividades Vulnerables, entre ellas determinados sectores inmobiliarios, comercializadores de vehículos, juegos con apuestas, servicios profesionales y otras actividades que por sus características pueden ser utilizadas para introducir recursos de origen ilícito a la economía formal.
En febrero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria informó que había reforzado la capacitación de sectores como notarios, corredores, contadores públicos, abogados, inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, juegos con apuestas, artistas plásticos y donatarias, entre otros. La autoridad explicó que estos sujetos deben cumplir obligaciones como inscribirse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar los avisos o informes correspondientes.
Para las empresas, esto significa que el cumplimiento antilavado dejó de ser únicamente un asunto relacionado con bancos y grandes instituciones financieras. Las compañías que desarrollan actividades consideradas vulnerables también deben contar con procedimientos para identificar a sus clientes, integrar expedientes, detectar operaciones inusuales y presentar los avisos establecidos por la legislación.
La actualización normativa ocurre además mientras las autoridades mexicanas fortalecen la coordinación institucional. En marzo de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suscribieron un convenio para mejorar el intercambio de información y el análisis conjunto de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo plantea modernizar los mecanismos de supervisión mediante un enfoque basado en riesgos, con canales institucionales para atender de manera coordinada y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
La estrategia también se ha extendido a sectores financieros específicos. En febrero, la UIF y la CNBV difundieron documentos de mejores prácticas dirigidos a 114 transmisores de dinero y 15 almacenes generales de depósito, con recomendaciones para mejorar la calidad y oportunidad de los reportes de operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes.
Otro frente de vigilancia se relaciona con los grandes eventos internacionales. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la UIF y la CNBV emitieron un alertamiento para que las instituciones financieras reforzaran la identificación y monitoreo de operaciones que pudieran estar relacionadas con lavado de dinero y trata de personas.
El instrumento contempla señales de alerta, medidas reforzadas de debida diligencia y mecanismos de control interno para identificar posibles esquemas financieros vinculados con explotación laboral o sexual. El alertamiento tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2026, con posibilidad de actualización conforme evolucionen los riesgos.
La preocupación de las autoridades no es menor. En mayo de este año, la UIF informó sobre acciones relacionadas con redes presuntamente vinculadas con tráfico de drogas y lavado de dinero, incluyendo esquemas que habrían utilizado criptomonedas, empresas y operaciones comerciales para ocultar o dispersar recursos de procedencia ilícita.
El uso de nuevas tecnologías y estructuras empresariales representa uno de los retos para las autoridades financieras, debido a que los recursos ilícitos pueden desplazarse mediante diferentes instrumentos y jurisdicciones. Por ello, la estrategia mexicana busca incrementar la capacidad de análisis de información financiera y mejorar la coordinación entre instituciones.
La cooperación también se ha extendido a organismos encargados de proteger a los usuarios de servicios financieros. En julio de 2026, la UIF y la CONDUSEF firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información y la identificación de posibles modalidades de fraude y operaciones vinculadas con recursos ilícitos.
Entre enero y junio de 2026, la CONDUSEF registró 43 mil 871 asuntos relacionados con posibles afectaciones financieras, información que puede contribuir al análisis de patrones, modalidades y zonas de riesgo, de acuerdo con la UIF.
Para Veracruz, el fortalecimiento del sistema antilavado también tiene una dimensión directa. En mayo de 2026, la UIF y la Fiscalía General del Estado de Veracruz firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información estratégica y fortalecer las investigaciones relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos financieros.
El convenio busca mejorar la coordinación entre inteligencia financiera y procuración de justicia, así como impulsar capacitación y mejores prácticas para detectar estructuras económicas relacionadas con actividades ilícitas.
En términos empresariales, el nuevo escenario implica mayores responsabilidades de cumplimiento, documentación y gestión de riesgos. Para las compañías sujetas a la Ley Antilavado, mantener expedientes actualizados, identificar correctamente a clientes y beneficiarios finales, conservar información y presentar oportunamente los avisos correspondientes se vuelve cada vez más relevante.
El objetivo de estas medidas es evitar que el sistema financiero y la economía formal sean utilizados para introducir recursos provenientes de actividades delictivas. La UIF señala que México mantiene una actualización permanente de su marco jurídico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en línea con sus compromisos internacionales y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con reformas al marco regulatorio, mayor coordinación entre instituciones y nuevas herramientas de supervisión, México está elevando las exigencias de su sistema antilavado durante 2026. Para bancos, empresas y sectores considerados vulnerables, el cambio representa un reto de cumplimiento, pero también una pieza central para fortalecer la integridad del sistema financiero y reducir los espacios utilizados para mover recursos de procedencia ilícita.