Mauricio Lascurain
Fernández
Es Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, en el Programa de Nueva Economía Mundial; Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Essex del Reino Unido y Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Entre el 30 y el 31 de julio, alrededor de 50 mil personas entraron a Ceuta, una ciudad española de 84 mil habitantes pegada al norte de Marruecos. Casi todas llegaron nadando, rodeando los espigones que separan a los dos países. Al menos 72 murieron ahogadas o aplastadas contra las rocas. Pasó en cuestión de horas.
Lo que sorprende es la velocidad. En 2021 hubo algo parecido pero más chico, unas 8 mil personas en dos días. Esta vez fue seis veces más. Y el regreso fue igual de rápido. Para el domingo, más de 48 mil habían caminado de vuelta a Marruecos porque en Ceuta no había comida ni dónde dormir.
¿Qué prendió la mecha? Una sentencia. A finales de junio el Tribunal Supremo español resolvió que a quien llega nadando no se le puede aplicar la devolución exprés, esa que se hace en el momento y sin trámite. El fallo era estrecho, casi técnico. Pero corrió el rumor de que España ya no podía devolver a nadie que entrara por mar. Las redes que cobran por cruzar hicieron el resto. Miles de jóvenes marroquíes, con un desempleo juvenil cercano al 37 por ciento, decidieron que valía la pena intentarlo.
Ahí está lo incómodo. Un párrafo de un tribunal, mal contado por WhatsApp, movió a decenas de miles de personas y dejó 72 muertos. No hizo falta una guerra ni un desastre. Bastó una rendija, real o imaginaria.
Después vino lo de siempre. España culpó a las mafias, Marruecos culpó a la blandura de las leyes españolas y aclaró que ya había avisado. Bruselas ofreció apoyo de Frontex y convocó reuniones de urgencia. Los políticos más duros viajaron a Ceuta a pedir expulsiones y se toparon con vecinos que salieron a protestar en su contra. De los muertos se habló poco.
Queda un pendiente que casi no aparece en las notas. En Ceuta hay más de 800 menores bajo tutela del gobierno, niños y adolescentes que cruzaron solos. A mediados de julio eran unos 200. La ley obliga a repartirlos entre las regiones españolas en quince días, aunque eso depende de que nadie se haga el desentendido.
Nada de esto es tan lejano como parece. Ceuta y Melilla son para Europa lo que Tijuana y Tapachula son para el norte del continente. Fronteras donde se acumula la presión que nadie quiere administrar y donde las personas terminan siendo fichas de negociación. Cuando Marruecos quiere apretar a España, afloja la vigilancia. Cuando Estados Unidos quiere apretar a México, amenaza con aranceles y pide más operativos. Cambian los actores, no el guion.
Lo de Ceuta no fue una invasión ni un accidente. Fue el resultado de una frontera que solo funciona mientras el país vecino la cuide, de una economía que no le ofrece futuro a sus jóvenes y de un continente que prefiere pagar por contener antes que decidir qué hacer con quienes seguirán llegando. La próxima vez cambiará la fecha y el número. Lo demás ya lo conocemos.