Jesús Alberto López González
Doctor en Gobierno (London School of Economics and Political Science), maestro en Políticas del Desarrollo en América Latina y licenciado en Relaciones Internacionales (UNAM).
Profesor investigador en El Colegio de Veracruz, y director general (2010-2012). Miembro del SNI (2010-2015) y fundador de la Red de Investigación CONAHCYT sobre Calidad de la Democracia. Becario del CHDS en EE. UU. Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe en el Senado. Embajador de México en Trinidad y Tobago (2016-2018).
Ha sido profesor invitado en el CISEN, CESNAV, la Universidad de Londres, la UDLA Puebla, la Universidad Anáhuac y la Universidad Veracruzana.
Tras la iniciativa del primer ministro canadiense, Mark Carney, de construir una “alianza única” con la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” del bloque. Por ahora, se trata más de una señal política que de un acuerdo concluido. Ese estatus no existe en los tratados europeos y su contenido aún tendría que definirse. Sin embargo, el mensaje es relevante, Canadá busca demostrar que su relación económica y estratégica no comienza ni termina en Estados Unido
El anuncio ocurre en un momento particularmente delicado para América del Norte. El 1 de julio, Estados Unidos se negó a extender el T-MEC en su forma actual. El tratado continúa vigente, pero entró en un ciclo de revisiones anuales que podría prolongarse hasta 2036. Washington ha optado por negociar de manera separada con Canadá y México, lo que ha generado respuestas diferentes entre sus dos socios. Canadá ha asumido la posición más desafiante. Tras la ruptura de las conversaciones en agosto, el gobierno de Mark Carney suspendió el diálogo y anunció represalias equivalentes a los nuevos aranceles. Paralelamente, aceleró su acercamiento con Europa mediante una propuesta de “alianza económica y de seguridad” y una mayor cooperación en ámbitos como defensa, minerales críticos, energía y tecnología.
No se trata únicamente de una reacción frente a Washington. Canadá intenta construir una alternativa que le permita ampliar sus opciones y fortalecer su posición negociadora. Cuenta con recursos energéticos y minerales estratégicos para Europa, pertenece al G7 y a la OTAN y dispone ya de una plataforma comercial con el bloque europeo. Su apuesta consiste en demostrar que puede diversificar sus vínculos económicos y estratégicos y, con ello, evitar que su margen de negociación dependa exclusivamente de las condiciones que Estados Unidos coloque sobre la mesa.
Sin embargo, esta estrategia también enfrenta límites importantes. Europa difícilmente puede sustituir en el corto plazo al mercado estadounidense. La geografía continúa siendo un factor determinante y cualquier acuerdo de mayor alcance entre Canadá y la Unión Europea requeriría tiempo para traducirse en comercio, inversión y empleos. Además, la figura de “miembro asociado” carece por ahora de un contenido jurídico concreto. Transformar una señal geopolítica en una alternativa económica efectiva será, por tanto, un proceso de largo plazo. México, en cambio, ha seguido una ruta diferente. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una negociación constante con Washington y ha mostrado disposición para atender preocupaciones relacionadas con seguridad económica, trabajo, agricultura, pagos electrónicos, acero, aluminio y automóviles. La prioridad mexicana es preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense, reducir los aranceles sectoriales y proteger las cadenas productivas que funcionan como una plataforma de integración regional.
Esta estrategia puede parecer más defensiva, pero responde a capacidades y condiciones distintas. El principal poder de negociación de México se encuentra precisamente dentro de la integración norteamericana; la escala de su industria manufacturera, su cercanía geográfica, su red de proveedores y el costo que implicaría para las empresas estadounidenses reconstruir o sustituir esas cadenas productivas. Mientras Canadá busca fortalecer su posición mostrando que tiene alternativas, México pone sobre la mesa el costo económico que tendría para Estados Unidos debilitar la integración existente.
Ninguna de las dos estrategias está libre de riesgos. La firmeza canadiense puede ampliar su margen de autonomía, pero también prolongar el conflicto y elevar los costos inmediatos. El pragmatismo mexicano puede generar acuerdos y alivios concretos, aunque también puede conducir a una dinámica de negociación desigual, fragmentar el carácter trilateral del T-MEC y abrir la puerta a nuevas exigencias. Un entendimiento en sectores como automóviles, acero o aluminio sería relevante, pero no equivaldría por sí mismo a una renovación integral del tratado por otros 16 años.
En este escenario, las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, constituyen otro elemento de presión. La Casa Blanca tiene incentivos para presentar antes de esa fecha algún resultado como una victoria para la industria y los trabajadores estadounidenses. Esto podría favorecer acuerdos parciales, aunque también dificultar la construcción de un compromiso más amplio. Después de la elección, un nuevo equilibrio en el Congreso podría modificar la presión política, la supervisión comercial y el margen de maniobra de Donald Trump, así como la dinámica de su estilo de negociación. Canadá y México enfrentan, en consecuencia, un mismo problema desde posiciones diferentes. Ottawa busca ampliar sus opciones y reducir su dependencia de Estados Unidos; México procura preservar las ventajas que le ofrece una integración económica profundamente arraigada en América del Norte. Más que dos respuestas contrapuestas, se trata de dos formas distintas de administrar la asimetría frente a Washington.
La eficacia de ambas estrategias deberá medirse por sus resultados concretos como el nivel de los aranceles, el acceso a los mercados, la certidumbre para la inversión, la preservación de los intereses nacionales y la continuidad de la integración regional. Canadá apuesta por ampliar sus alternativas; México, por defender y aprovechar su lugar dentro del mercado norteamericano. El resultado dependerá no solo de la capacidad de cada gobierno para negociar con Washington, sino también de la manera en que Estados Unidos decida redefinir su relación con sus dos principales socios comerciales. La cuestión de fondo trasciende los acuerdos parciales sobre automóviles, acero o aluminio. Lo que está en juego es si el T-MEC continuará funcionando como un proyecto compartido por tres países o si terminará transformándose en un conjunto de relaciones bilaterales administradas desde Washington.