Entre enero y mayo de 2025, el gobierno federal destinó 626 332 millones de pesos al pago de pensiones y jubilaciones, superando el monto asignado a participaciones federales para estados y municipios, que sumaron 624 039 millones, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este desequilibrio en el gasto se explica por la dinámica demográfica, caracterizada por una mayor esperanza de vida y un envejecimiento progresivo de la población, así como por el aumento de las pensiones no contributivas, como la pensión para adultos mayores, vigente desde el sexenio anterior y mantenida en el actual.
El incremento sostenido de las pensiones, tanto contributivas como no, ha superado el crecimiento de los recursos disponibles para participaciones. La recaudación federal participable se ha visto limitada, en parte, por una caída en los ingresos petroleros, lo que ha estancado los recursos transferibles a gobiernos locales. Como resultado, el gasto en pensiones representa ya una proporción mayor del presupuesto neto del sector público, reflejando una presión creciente sobre las finanzas públicas.
Expertos advierten que esta tendencia generará un aumento continuo del gasto en pensiones en los próximos años, obligando a replantear el diseño de las finanzas públicas. La reducción de la edad de retiro, por ejemplo, podría agravar aún más el pasivo pensionario y aumentar la inversión necesaria para sostener estos compromisos