El pasado 1 de junio, México llevó a cabo sus primeras elecciones judiciales, permitiendo a la ciudadanía elegir a 2,681 integrantes del Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales . Este proceso histórico, resultado de la reforma judicial de 2024, marcó un cambio significativo en la forma en que se designan los funcionarios judiciales en el país.
A pesar de la importancia del evento, la participación ciudadana fue baja, con una asistencia estimada entre el 12.57% y el 13.32%, según datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) . Factores como la falta de conocimiento sobre los candidatos, la complejidad del proceso de votación y llamados a la abstención por parte de partidos opositores contribuyeron a esta limitada participación.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la jornada como un “éxito”, destacando que 13 millones de personas acudieron a las urnas, cifra que, según ella, supera los votos obtenidos por partidos de oposición en elecciones anteriores . Por su parte, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para votar y respaldar la reforma judicial promovida durante su mandato.
Sin embargo, la oposición y diversos analistas han expresado preocupaciones sobre la legitimidad del proceso, señalando la premura en su implementación, la limitada campaña de los candidatos y la inclusión de perfiles cuestionables . Además, en algunos estados se presentaron candidatos únicos, eliminando la competencia electoral y despertando críticas sobre la equidad del proceso.
Esta elección representa un cambio sin precedentes en la justicia mexicana, pero también deja abierta la discusión sobre su validez democrática y su impacto real en la independencia del Poder Judicial.
