Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México | 02 de abril de 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila un doble revés legal contra Grupo Salinas en 2026, en dos casos clave que podrían redefinir los alcances del Estado en materia de regulación digital y supervisión financiera.
El primer caso está relacionado con la empresa Total Play, que impugnó la facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar el bloqueo de sitios web que violen derechos de autor. La propuesta del ministro Arístides Guerrero García plantea confirmar la negativa de un amparo promovido por la compañía, validando la constitucionalidad de estas medidas.
El origen del litigio se remonta a 2024, cuando diversas empresas denunciaron la difusión ilegal de contenidos en internet. Tras ello, el IMPI ordenó el bloqueo de los sitios a proveedores de internet, incluyendo Total Play, lo que derivó en una disputa legal por presunta afectación a la libertad de expresión y al acceso a la información. Sin embargo, un juez federal determinó que estos derechos no son absolutos cuando entran en conflicto con derechos de autor.
De ser aprobado el proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consolidaría un precedente relevante: las autoridades podrán ordenar bloqueos digitales cuando se vulneren derechos de terceros, fortaleciendo la regulación del entorno digital en México.
El segundo frente legal involucra a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde también se anticipa un fallo adverso para el conglomerado. En este caso, la Corte analizará si las autoridades pueden acceder y analizar información financiera sin que ello implique una sanción directa, lo que permitiría mantener intactas las facultades de supervisión del Estado.
Este conjunto de resoluciones ocurre en un contexto donde Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, ha enfrentado múltiples litigios en los últimos años, incluyendo disputas fiscales por montos cercanos a 49 mil millones de pesos, varios de los cuales ya han sido resueltos en su contra por la Corte.
Desde una perspectiva jurídica, los casos son relevantes porque podrían sentar precedentes en dos áreas estratégicas: la regulación del internet y la fiscalización financiera. En el primer caso, se refuerza la protección de la propiedad intelectual en entornos digitales; en el segundo, se amplían las herramientas del Estado para prevenir delitos financieros.
Analistas señalan que estas resoluciones reflejan una tendencia hacia un mayor fortalecimiento institucional, donde las autoridades buscan equilibrar derechos fundamentales con la necesidad de regular mercados complejos y altamente digitalizados.
Además, el impacto trasciende lo legal, ya que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden influir en la confianza de inversionistas y en la certidumbre regulatoria del país, particularmente en sectores como telecomunicaciones, tecnología y servicios financieros.
En este contexto, el posible doble revés para Grupo Salinas en la SCJN no solo representa un episodio relevante en la disputa entre empresas y Estado, sino también un punto de inflexión en la definición de los límites legales en la economía digital y el sistema financiero en México.