Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz| 26 de mayo de 2026
Un total de 179 ayuntamientos de Veracruz ya aprobaron incorporarse al esquema de reestructuración de la deuda bursátil impulsado por el Gobierno estatal, mientras aún faltan 20 municipios para alcanzar el consenso necesario y concretar uno de los mayores procesos de saneamiento financiero municipal en la entidad.
La estrategia promovida por la gobernadora Rocío Nahle busca que el Estado absorba y renegocie la deuda derivada de la bursatilización de participaciones federales contratada desde 2008 y 2009, mecanismo financiero que ha mantenido comprometidas las finanzas de los ayuntamientos durante más de una década.
De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, el plan contempla que el Gobierno de Veracruz negocie directamente con los tenedores de la deuda para adquirir los pasivos municipales y posteriormente establecer condiciones de pago más favorables, incluyendo reducción de intereses, subsidios parciales y acortamiento de plazos.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que continúan llegando actas de Cabildo y documentación complementaria de municipios que aún analizan adherirse al programa, por lo que las autoridades mantienen reuniones con alcaldes para resolver dudas jurídicas y administrativas relacionadas con el esquema financiero.
Según explicó Ahued, el objetivo principal es eliminar una carga financiera que ha limitado durante años la capacidad de inversión pública de los ayuntamientos veracruzanos. El funcionario señaló que muchos municipios enfrentan además adeudos acumulados con dependencias como el SAT y Conagua, situación que ha complicado sus finanzas locales.
La bursatilización municipal fue contratada originalmente durante administraciones anteriores mediante un esquema donde participaciones federales quedaron comprometidas como garantía de pago. Aunque los municipios ya han cubierto miles de millones de pesos en pagos durante los últimos años, gran parte de esos recursos se destinó al pago de intereses y no al capital original de la deuda.
La gobernadora Rocío Nahle explicó previamente que el Estado podría absorber hasta el 75 por ciento del adeudo municipal, mientras los ayuntamientos cubrirían el 25 por ciento restante bajo condiciones más accesibles. La meta es adelantar la liquidación total de la deuda antes de 2030, pese a que el esquema original vencía hasta 2036.
“Los municipios están ahorcados”, declaró Ricardo Ahued al explicar que la intención es liberar recursos para destinarlos a obra pública, equipamiento y servicios básicos en lugar de continuar pagando intereses financieros.
El funcionario también aseguró que el nuevo esquema permitiría reducir significativamente los pagos municipales. Según detalló, por cada peso actualmente comprometido, los municipios podrían terminar pagando únicamente entre 18 y 25 centavos, además de eliminar la carga financiera derivada de intereses.
Especialistas en finanzas públicas consideran que la reestructuración podría representar un alivio importante para municipios con limitada capacidad presupuestal, particularmente aquellos que durante años han destinado parte importante de sus participaciones federales al pago de deuda bursátil. También advierten que el éxito del esquema dependerá de mantener disciplina financiera y transparencia en el uso de los recursos liberados.
Autoridades estatales señalaron que los recursos que dejen de destinarse al pago de deuda deberán canalizarse exclusivamente a inversión pública, infraestructura y equipamiento municipal, evitando que sean utilizados para gasto corriente o nómina.
El proyecto requiere el consenso de los 199 ayuntamientos involucrados para poder concretarse plenamente, aunque el Gobierno estatal mantiene negociaciones y mesas de trabajo con los municipios pendientes.
Analistas políticos consideran que la reestructuración bursátil se ha convertido en uno de los proyectos financieros más relevantes impulsados por la actual administración estatal debido a su impacto potencial sobre estabilidad financiera, capacidad de inversión y operación de los gobiernos municipales en Veracruz.